La militante por la lucha de identidad de género e igualdad de derechos para la comunidad LGTB y trabajadora NoDocente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS, Erika Noely Moreno, celebró la reciente aprobación de la ley que instituye el Cupo e Inclusión laboral travestitrans en el ámbito del Estado Nacional, tras haber presenciado el debate en el Senado de la Nación durante la sesión de este jueves.
La normativa sancionada establece que los cargos del sector público deberán ser ocupados en una proporción “no inferior al 1%”, por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias para acceder a los cargos. También se promueve incentivos para la contratación en el sector privado.
Erika Moreno acredita años de lucha junto al colectivo travesti trans y en el año 2018 se convirtió en la primera trabajadora de la UNTDF en ingresar bajo la modalidad de cupo Travesti TRans, ya que la Universidad fueguina fue una de las instituciones precursoras en implementar la medida.
“Esta ley es pionera y viene a reparar una comunidad que ha vivido en situación de desigualdad y discriminación” destacó Erika Moreno. “También es un mensaje de amor porque luchamos por las niñeces e infancias para que todas las personas: travestis, trans, lesbianas, bisexuales, heteros y la comunidad en su totalidad pueda vivir en libertad. Esto es la punta de lanza para avanzar como sociedad y como humanidad”, sostuvo.
Asimismo, la mujer apuntó que la sanción “es una forma de demostrar a la sociedad nuestra idoneidad, porque nuestro aporte es muy importante, ya que nosotras que hemos vivido en pandemia social durante muchas décadas” “Lo que atravesamos como humanidad en pandemia, nos tiene que servir también para evolucionar como personas y como sociedad”, concluyó Erika Moreno.
La ley impulsada desde hace años por organizaciones sociales y del colectivo LGBT, lleva el nombre de Diana Sacayán y Loahana Berkins, en honor dos históricas militantes de los derechos travesti-trans, que fueron las principales mentoras e impulsoras de estos cambios normativos que se traducen en mejores condiciones de vida para la comunidad. La medida prevé también incentivos por contratación para las empresas privadas e impone una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida, discriminada y obligada a vivir en situación de profundas desigualdades sociales.
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