La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso presentado por la defensa de uno de los imputados en la causa que investiga las presuntas torturas ocurridas en Malvinas. El tribunal avaló la presentación y declaró los delitos que se le imputaban como prescriptos.
El fallo dictado ayer por la Cámara de Casación Penal convalidando que no son delitos de lesa humanidad las presuntas torturas cometidas por militares argentinos contra soldados de su propia tropa, durante la guerra de Malvinas, podría generar la caída de toda la investigación que se desarrolla desde 2007 .
La medida fue tomada en el marco de la investigación contra Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería Nº 5 y sobre quien pesan múltiples denuncias por apremios ilegales y sometimiento a su tropa. En el año 2018, el entonces juez de Ushuaia y subrogante en Río Grande, Federico Calvete, decidió no hacer lugar al planteo de “cosa juzgada” que imponía la defensa basándose en el sobreseimiento del año 2009 de Jorge Taranto. Así, se llegó hasta la Cámara de Apelaciones, que confirmó lo resuelto por el Juzgado local, por lo que el abogado del exmilitar interpuso un recurso de casación ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Ese pedido también fue negado y por eso el defensor de Ferrante recurrió por la vía directa y tuvo resultado favorable: hoy Casación le dio la razón.
En la práctica, ello implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.
La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins. Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.
El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5, planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto. Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.
“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”.
La nueva situación implica también un duro revés para el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), con sede en La Plata, que ha sido el principal impulsor de las más de un centenar de denuncias acumuladas en el expediente.
Resolucion Malvinas Casación
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