Durante la última sesión del Concejo Deliberante realizada hoy se declaró la necesidad de reformar la Carta Orgánica de Ushuaia. La iniciativa responde a un proyecto elaborado en 2018 y presentado por el actual presidente del cuerpo legislativo, concejal Juan Carlos Pino, con modificaciones que prevén la revisión de 105 artículos.
Con posturas enfrentadas el Parlamento local aprobó por mayoría −durante el desarrollo de la décima sesión ordinaria- el proyecto de ordenanza que establece la reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal. La iniciativa responde a un proyecto elaborado en 2018 y presentado por el actual presidente del cuerpo legislativo, concejal Juan Carlos Pino, con modificaciones que prevén la revisión de 105 artículos.
La moción fue ingresada a través del reglamento interno, fuera del orden del día, y declara la imperiosa necesidad de que la redacción de la Carta Orgánica Municipal incorpore en su texto perspectiva y equidad de género. Además, a los fines de una mejor interpretación de los alcances de la reforma, se establece que la convención constituyente convocada podrá sancionar las cláusulas que fueren necesarias.
Por otra parte, el Municipio deberá convocar a elección de los convencionales constituyentes, quienes prestarán sus funciones ad honorem, a partir de los 180 días de la promulgación de esta norma. Además, autoriza a imputar la partida presupuestaria correspondiente a efecto de cubrir el gasto de funcionamiento de la convención.
Entre alguno de los puntos que propone la reforma, se aborda el régimen electoral y constitución de partidos políticos; la aplicación de la obligación del estudio previo de impacto ambiental a los proyectos de obras municipales; modificar la cantidad de concejales con motivo del aumento de la población en la ciudad; mecanismos para la designación del defensor del vecino; duración de las autoridades de la Sindicatura y del Juzgado de Faltas; sistema de contrataciones; duración y reelección del Intendente municipal; período de sesiones ordinarias y quórum para sesionar; planificación territorial, hábitat y tierras fiscales; empréstitos y presupuesto participativo; entre otros.
Por la afirmativa, la concejala Laura Ávila y Mariana Oviedo, y los concejales Gabriel De la Vega, Juan Manuel Romano y Juan Carlos Pino acompañaron con su voto. En tanto por la negativa lo hicieron los concejales Ricardo Garramuño y Javier Branca.
Al respecto, y en el uso de la palabra, Pino sostuvo que inicialmente “la discusión de la reforma de la Carta Orgánica, tenía que ver con la paridad de género. El asunto fue llevado al Juzgado Electoral y al Superior Tribunal de Justicia y desde el Concejo la única manera de asegurar esa paridad, es a través de una reforma” en el sistema de elecciones, ya que la norma actual establece que el resultado de una elección es “patrimonio inalterable de la comunidad”. Además, el presidente del Concejo continuó defendiendo la legalidad del proceso, citando el artículo 110, que establece la reforma a través de una convención constituyente, y que “para una reforma parcial, deben asegurarse las dos terceras partes de los votos favorables” de los concejales. “Esto es lo que se está haciendo; podemos estar en acuerdo o desacuerdo”, afirmó, pero “estamos cumpliendo con lo que establece la Carta Orgánica”.
Lo propio hizo Ávila abogando por la paridad, evitando que las mujeres sean “invisibilizadas en la política. Queremos ser parte de las decisiones que se tomen”. Sostuvo que es el eje donde se da esta discusión, “queremos que la paridad sea un hecho; somos una de las 3 provincias del país que no goza de ese derecho”. “Tiene que ser un compromiso de todos”, enfatizó. “En 2022 la Carta Orgánica cumple 20 años”, por lo que se expresó a favor de una actualización a “través de una discusión que darán los convencionales”, señaló.
En tanto Branca y Garramuño coincidieron en interpretar como “ilegal” la reforma que a su entender “viola la Carta Orgánica vigente”, mientras que cuestionaron la imputación del gasto “a la partida que se estime correspondiente”, por lo que sostuvieron que “viola el sentido de transparencia”. “No se convocó a los concejales de la oposición para estudiar el proyecto”, puntualizó Garramuño.
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