Fernández se reúne con legisladora de EEUU que denunció a juez por vínculos con fondos "buitre"

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión con la legisladora estadounidense Alexandría Ocasio-Cortez, quién días atrás se hizo eco de una investigación periodística en la que se señalaban vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema y fondos "buitre" que litigaron contra Argentina.

El jefe de Estado, que se encuentra desde el sábado en la ciudad de Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, comenzó su jornada con una reunión con inversionistas organizada por el Council of the Américas, y desde las 11.30 hora local, sostenía la reunión con la congresista demócrata en el Consulado Argentino.

En el marco de una audiencia del Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la congresista demócrata de origen puertorriqueño denunció presuntos sobornos de Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU, Samuel Alito, juez que luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.

Durante el encuentro en el Congreso nortamericano, la diputada detalló la maniobra y sostuvo que Alito habría "aceptado viajes pagados por Singer".

"Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el Fondo de inversión de Singer recibió U$S2.400 millones", denunció la política demócrata.

La acusación de Ocasio-Cortez mereció la reacción de los principales dirigentes del Gobierno nacional, entre ellos, el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de justicia, Martín Soria.

Oportunamente, a través de Twitter, Fernández calificó de "gravísima y escandalosa" la denuncia.

"Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala la vicepresidenta. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la Justicia aún hoy no investigó", publicó el Presidente, en referencia a un posteo anterior de la vicepresidenta, en ese sentido.

En su presentación en el Congreso, Ocasio-Cortez denunció "una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema" .

Al hacer pública una foto de Singer y Alito pescando juntos, la congresista explicó que "el millonario que generosamente pagó ese viaje, se presentó ante la Corte al menos 10 veces, en casos en que la prensa judicial y los grandes medios habitualmente cubrieron su rol".

"Así que era públicamente sabido que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, y también la Corte, acordaron resolver un tema vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la nación de Argentina", añadió.

La legisladora estadounidense afirmó que Alito "nunca se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer".

"Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí", concluyó Ocasio-Cortez.

Soria, por su parte, vinculó la situación con "el viaje a Lago Escondido de jueces argentinos y CEOs de Clarín" que, según dijo, "es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU".

"Desde que lo denunciamos, Comodoro Pro solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria", reclamó Soria.

En la causa , iniciada a partir de una denuncia realizada por el Gobierno, se investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y posible cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado.

La acusación recae sobre los jueces Julián Ercolini, (Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal Nº 9), y Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

Todos esos funcionarios públicos fueron imputados por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien también imputó por ofrecimiento de dádivas en los términos del artículo 258 del Código Penal a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a Tomás Reinke, especialista en publicidad digital y política.