En una sesión por videoconferencia el oficialismo consiguió dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Seguimiento y control de la Deuda Externa para dar comienzo a la investigación sobre el endeudamiento y la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, que según un informe del BCRA, entre 2015 y 2019 superó los US$86.000 millones.
El Frente de Todos logró bloquear el pedido de la bancada opositora para que también se analice la fuga de capitales durante 2003 al 2015. También acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El oficialismo cargó sobre la salida de divisas durante la gestión de Macri, mientras que la oposición se aferró a que durante la gestión de Cambiemos no hubo mayores fugas que en los años anteriores.
Después de una acalorada discusión entre el jefe de los senadores del FdT, José Mayans, y el diputado de la oposición Luciano Laspina, se aprobó un pedido de informes al Banco Central y a las autoridades económicas para investigar el retiro de divisas del país entre 2015 y 2019, con 12 votos a favor y seis en contra.
Su compañera de bancada, María de los Ángeles Sancún, incluyó en el pedido de informes que se amplíe también la investigación sobre el préstamo otorgado a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2018 y el destino de ese dinero.
En representación de la oposición, Laspina consideró que la investigación debería incluir "a todos los gobiernos", incluido el de Cristina Fernández, subrayó que la fuga de capitales es "un problema" argentino que "viene de décadas por "la falta de confianza en nuestra moneda" y acusó al oficialismo "de hacer política con esto".
Oscar Parrilli, ponderó la necesidad de dilucidar quiénes fueron "los responsables de la fenomenal deuda que dejó el gobierno anterior" y determinar si el dinero que entró al país en ese período "no fue para pagar obras ni sueldos sino solamente para fugar capitales".
En el pedido de informes aprobado, los miembros de la comisión bicameral acordaron incluir, además del Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP para que brinden detalles sobre "quienes fueron los tomadores de deuda y todos aquellos que transfirieron divisas al exterior entre 2015 y 2019", explicó Parrilli.
"No nos interesa ir en busca de aquellos argentinos que puedan comprar dólares para resguardar valores de su trabajo", sostuvo el senador al explicar que el límite de quienes serán investigados será puesto en aquellos que exportaron sumas superiores a 300 mil dólares.
También se buscará dilucidar, añadió, "si hubo responsabilidad y connivencia entre aquellos funcionarios y los que fugaron ya que en muchos casos fueron fondos de inversión extranjera y si hubo algunos grupos de inversores que tuvieron información privilegiada, que compraron dólares baratos".
El requerimiento fue motorizado después de un informe del Banco Central, que conduce Miguel Pesce, según el cual entre 2015 y 2019 la fuga de capitales superó los 86.000 millones.
Desde Cambiemos, el radical Martin Lousteau afirmó que "la fuga de capitales es casi una regularidad de la historia argentina con costos altísimos" y consideró que "no se puede centrar la investigación solo en los últimos cuatro años de un mandato presidencial", sino que debería "extenderse en el tiempo hacia atrás".
En su exposición, el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, calificó como "increíble" que "Argentina haya tropezado otra vez con la misma piedra", en alusión al problema de la deuda externa y dijo que "seguramente lo que se sospecha de las pillerías" que hizo el macrismo "son ciertas".
También propuso una ley especial para que "solamente se pueda contraer deuda externa con aprobación de mayoría especial de ambas cámaras del Congreso", algo que fue respaldado por miembros de ambas bancadas.
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