Juristas rechazan reforma penal de ley ómnibus

La Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) rechazó las reformas del Código Penal que propone la llamada ley ómnibus del Gobierno, que incrementa las penas de conductas vinculadas a reclamos sociales en la vía pública, al considerar que tiene el "propósito de restringir ilegalmente derechos políticos básicos", y advirtió por "el uso del aparato punitivo para procurar solucionar conflictos".

La asociación de juristas remitió una carta titulada "Ninguna emergencia económica se soluciona con represión" al presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, el diputado Gabriel Bornoroni, por las "reformas al Código Penal que incrementan la punición de específicas conductas vinculadas a reclamos sociales en la vía pública y favorecen privilegios de agentes estatales".

En la presentación a la que accedió Télam, la organización que preside el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar esgrimió que el proyecto de ley conocido como "Bases" pretende ampliar las penas y los posibles infractores a los cuales aplicar el artículo 194 del Código Penal, que hasta el momento prevé condenas de 3 meses a 2 años de prisión para quienes corten el tránsito.

Para la AAPDP, el proyecto tiene el "propósito de restringir ilegítimamente derechos políticos básicos como los de reunión, asociación, expresión y petición", y aclaró que ellos "vehiculizan el ejercicio de otros, como los económicos, sociales y culturales".

"La regulación pretendida incumple las mínimas exigencias impuestas por el sistema universal y regional de protección de los Derechos Humanos, como los principios básicos de subsidiariedad, legalidad estricta, ofensividad y culpabilidad, derivados del Estado de Derecho", insistió.

Además, sostuvo que "la posibilidad de mayor encierro en prisión en la pretensión de vindicar o intimidar a los infractores del artículo 237 del Código Penal resulta distorsiva al esquema de proporcionalidad de las escalas codificadas".

Y advirtió que "el uso del aparato punitivo constituye una de las tentaciones para procurar solucionar conflictos que no responden precisamente al propósito del derecho penal".

En cuanto a los vigentes incisos 4 y 6 del artículo 34 del Código Penal, que establecen la no punibilidad de agentes estatales que "obraren en cumplimiento de un deber" o de "defensa propia", consideró que están en los "cánones interpretativos jurisprudenciales y doctrinarios consolidados" por lo que, fundamentó, su "escasa necesidad de modificación".

"Las presunciones en favor de agentes públicos, sumadas al impedimento de acceso a la jurisdicción a las víctimas, se traducen en virtual impunidad para graves violaciones a los Derechos Humanos, lo que pone en crisis los compromisos asumidos internacionalmente", criticó.

También reprobó la "urgencia extraordinaria en el tratamiento de los cambios impulsados", los cuales, dijo, "ingresan sin rigor técnico y detalle sistemático" al Congreso, y en cambio, planteó que se requiere "un profundo y preciso tratamiento" de la Comisión de Legislación Penal "en resguardo esencial de nuestro sistema de democracia constitucional que guarda a la ley como su producto más excelso".

Además de Slokar, integran AAPDP y firman la nota los juristas Daniel Erbetta, Omar Palermo, Ricardo Álvarez, Carlos Caramutti. Marcelo Riquert, Javier De Luca y Matilde Bruera, entre otros.