Lo advirtió la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, frente al crítico panorama que se está planteando respecto del desarrollo de diversas obras públicas que eran financiadas con recursos del Gobierno Nacional.
“Es una situación muy compleja, porque la paralización de obras financiadas con fondos nacionales es un hecho en la provincia. Se trata de cerca de 30 obras referidas a la cuestión de saneamiento ambiental por ejemplo o cuestión vial, entre otras”, detalló la funcionaria.
Se trata de obras de diversas características, incluso construcción de viviendas, que se estaban llevando adelante a través de acuerdos y con la participación incluso de diversos entes nacionales con representación en la provincia, y por las cuales la provincia firmó contratos en función de adendas que garantizaban su continuidad.
“Estamos hablando con la Cámara fueguina de la Construcción y con la Consejo Federal de la Construcción, que nos advierten el no envío de fondos por parte del Gobierno nacional para continuar las obras que son de suma importancia para acompañar el crecimiento de nuestra provincia”, advirtió al respecto la Ministra.
“Las medidas nacionales que traen mucha incertidumbre a la población en todo sentido, repercuten en el sector de la construcción también. Primero se dijo que no se habilitarían nuevos proyectos, luego se dijo que no iniciarían proyectos que no tenían financiamiento, el interrogante era qué pasaba con las obras en ejecución. Hoy, ante la ausencia de pagos, las empresas nos han empezado a comunicar que suspenden la continuidad de los trabajos, incluso piden neutralizar los plazos de obras, hasta tanto se restablezca la cadena de pagos”, precisó Castillo.
Cabe recordar que, en respuesta a la crítica situación que atraviesa el sector de la construcción en Argentina, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción emitió en las últimas horas una Declaración de Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre las consecuencias inminentes para 1.400 empresas y más de 200.000 trabajadores.
La declaración resalta la necesidad de abordar de manera urgente problemas concretos, como la definición de contratos a ser continuados y la readecuación en cuanto a precios, plazos y deuda.
“Conseguir su reactivación es de suma importante además para el sostenimiento de los puestos laborales en el sector, incluso de forma indirecta y asociada, igual que el futuro de muchas empresas”, coincidió Castilllo.
“Esperamos -agregó- que la cadena de pagos se restablezca y podamos tener precisiones respecto del acompañamiento, o nó, en cada proyecto que estaban en ejecución en la provincia para poder determinar cuál es el futuro de esas obras”.
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