El diputado Fueguino Jorge “Koky” Araujo, realizó declaraciones en rechazo al DNU 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional y reclama al Congreso su urgente tratamiento para intentar construir una mayoría parlamentaria para derogarlo en ambas cámaras. En ese sentido dijo que “El DNU 70/2023 es inconstitucional por donde se lo mire. Si pasa va a provocar un daño irreparable a la democracia y a la división de poderes”.
“Desde el bloque presentamos un documento a los gobernadores patagónicos, en el que solicitamos al gobierno que los debates y discusiones entre Nación y Provincias se den a través de los órganos institucionales consagrados en la Constitución Nacional, incluyendo al Congreso Nacional por supuesto. Lo que vemos es a un gobierno nacional que recurre sistemáticamente a prácticas extorsivas. Hoy no hay dialogo político, lo vemos en la Cámara de diputados. Solo vemos extorsiones en todos los niveles. Ayer mismo se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía y de todos los funcionarios del gobierno invitados para explicarlo, no se presentó ninguno; no dio la cara ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni ningún otro funcionario del Gobierno nacional convocado”.
“La falta de dialogo el gobierno la reemplaza con presiones mediante la no transferencia de recursos a las provincias, socavando el federalismo. Así vemos como avanzan en la suspensión de la obra pública, la retención de los fondos fiduciarios o fondos específicos creados por leyes específicas, como en Fondo de Incentivo Docente (FONID), las trasferencias al transporte, las reformas tarifarias, los recortes a la ciencia, la intención de privatizar empresas públicas, la modificación de leyes socioambientales, la ley de Bosques, entre otras. En el DNU están justificadas todas estas medidas que atentan contra las actividades económicas que sustentan el desarrollo de las provincias patagónicas, como ser nuestra promoción industrial por la vía de la apertura indiscriminada de importaciones, la pesca y la explotación de hidrocarburos. Con respecto a los hidrocarburos, el gobierno viene utilizando políticamente YPF para cerrar negocios con empresas extranjeras para beneficiarlos con retirar la empresa nacional de áreas emblemáticas en la producción de recursos convencionales, como por ejemplo, en la Cuenca del Golfo San Jorge que cubre porciones de Chubut y Santa Cruz”.
“El derecho constitucional argentino, en lo que respecta al formato de estado federal, se apoya en que las provincias son preexistentes a la Nación. El gobierno debe respetar los recursos y los fondos que le corresponden por derecho a los territorios provinciales que hayan surgidos de acuerdos o leyes específicas. La Nación tiene sentido jurídico como sumatoria de las provincias que la componen. No puede un gobierno de turno eliminar transferencias creadas en fondos específicos que se recaudan por medio de impuestos cobrados a todos los argentinos con destino a las provincias y retenerlos en su tesorería. Es literalmente un robo. No lo seria, a los sumo, si al menos eliminara los impuestos que todos los argentinos pagan para que existan estos fondos”.
“En nuestro documento también solicitamos a nuestros gobernadores patagónicos que consideren cómo la situación económica creada por este gobierno afecta negativamente la ocupación turística que cayó sensiblemente en los últimos meses, tanto en turismo nacional como internacional”.
Po último, el diputado Koky Araujo dijo que “creemos que el gobierno nacional tiene una actitud pusilánime y mendicante respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Queremos ver mayor determinación en el gobierno nacional en la defensa y el sostenimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas, tanto en el discurso como en los hechos”.
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