Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron un hábeas corpus en favor de los represores de la última dictadura militar (1976-1983) que se encuentran detenidos en las penitenciarías federales. Piden su liberación o morigerar las penas. Entre los beneficiarios se encuentran condenados como Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.
El pedido, que había sido inicialmente rechazado por la Justicia, logró que su análisis continúe tras una nueva resolución, incluye a “todas las personas mayores detenidas” en distintos establecimientos penitenciarios del país. Los califican como población vulnerable y dicen que su detención es violatoria de lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El juez que recibió el hábeas corpus, Martín Yadarola, lo rechazó in limine. Entendió que quienes tienen que resolver los pedidos de libertad o de morigeración de la pena son los jueces que tienen a su cargo a los detenidos.
El sábado la sala de Hábeas Corpus de la Cámara del Crimen –integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Magdalena Laiño– revocó la decisión de Yadarola. Los camaristas entendieron que el magistrado debió haber hecho una audiencia antes de resolver. En su resolución, pidieron que los presentantes aportaran una lista de los presos a los que buscan favorecer con su acción.
Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay menos de 130 detenidos por delitos cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Entre ellos Astiz, Eduardo “Tigre” Acosta o Adolfo Donda.
En la audiencia para analizar el planteo de las ONGs, está previsto que participe la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, la defensa pública y el ministerio público fiscal.
La Cámara del Crimen ordenó poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la tramitación del hábeas corpus y de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
La presentación es acompañada por:
Justicia y Concordia, que reúne a abogados defensores en causas de lesa y que se creó en 2009;
Centro de Estudios Salta;
La Unión de Promociones;
La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC;
El Foro de Generales;
El Foro de Almirantes;
La Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo;
La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina;
La Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina;
Todos ellos tienen el patrocinio de Olea, Saint Jean y Guillermo Fanego, quienes integraban los chats que organizaba el cura Javier Olivera Ravasi y en los que participaban los diputados oficialistas, para conseguir el arresto domiciliario automáticamente a los 70 años y para ponerles coto a las investigación que están en curso.
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