“De no comenzar a afectar los intereses económicos concretos del Reino Unido la situación continuará en el mismo punto muerto”

Carlos Alberto Biangardi Delgado, abogado y magister en Relaciones Internacionales, analizó el proyecto que busca crear un Comité de especialistas para la confección de un estudio del impacto ambiental y económico de la pesca que lleva adelante ilegalmente el Reino Unido en Malvinas, y un análisis estratégico jurídico sobre una posible denuncia resarcitoria por el robo de recursos que la Ley de Nacional de pesca estipula en su artículo 3 son de propiedad exclusiva de la provincia.

Entrevista a Carlos Alberto Biangardi Delgado, abogado y magister en Relaciones Internacionales, para saber su opinión acerca del proyecto presentado en la Legislatura fueguina por Luciano R. Moreno Calderón, presidente de la Unión Malvinizadora Argentina, que busca crear un Comité de especialistas calificados para la confección de un estudio cuantitativo serio del impacto ambiental y económico de la pesca que lleva adelante ilegalmente el Reino Unido en Malvinas, y un análisis estratégico jurídico para que la provincia realice una denuncia resarcitoria por el robo de recursos que la Ley de Nacional de pesca estipula en su artículo 3 son de propiedad exclusiva de la provincia (ver).
 
Cabe destacar que Biangardi, además, es coordinador del Departamento de Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP y es escritor del libro “CUESTIÓN MALVINAS, a 30 años de la guerra del Atlántico Sur. Propuestas para una política de Estado”, declarado de interés provincial por la Legislatura provincial por medio de la Resolución Nº 169/2015 (ver).
 
- ¿Qué opinión tiene del proyecto de ley?
 
Considero que este proyecto, ingresado recientemente en la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es muy importante, ya que la provincia sufre un daño económico con el usufructo de sus recursos vivos marinos por parte del Reino Unido, como consecuencia de las licencias de pesca que otorga la colonia británica de las Islas Malvinas en áreas correspondientes a la zona económica exclusiva de la República Argentina. Recursos que si bien la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas reconoce como de soberanía absoluta de los estados ribereños, conforme a nuestra legislación interna, corresponden en parte a las provincias costeras. Además, tenemos que tener en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, así como el Sector Antártico Argentino son parte de la Provincia.
 
Indudablemente va a ser necesario un estudio previo de toda esta problemática, desde una dimensión interdisciplinaria, ya que es necesario justipreciar el daño efectivo, el lucro cesante, y el daño ambiental en cuanto a la sustentabilidad del recurso.
 
Cuantificado el daño, la Provincia tendría que elegir la vía procesal adecuada para reclamarlo y a diferencia de la denuncia radicada el 21 de abril de 2015 en el Juzgado Federal de Río Grande contra empresas que realizaban prospección ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en este caso tendríamos que definir adecuadamente la legitimación pasiva de este reclamo judicial, para lo cual debería estudiarse el procedimiento adecuado dentro de las normas constitucionales argentinas.
 
Opino que este reclamo se tiene que circunscribir específicamente al área establecida por arriba del paralelo 60° S para no entrar en conflicto con las disposiciones de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
 
 
- En el caso de aprobarse esta iniciativa ¿qué impacto puede tener en la “Cuestión Malvinas? ¿Pasará desapercibida para el R.U y las empresas pesqueras que disfrutan el saqueo, o significará un llamado de atención que bien saben puede replicarse a nivel nacional, como en el caso de las petroleras?
 
El impacto en la "Cuestión Malvinas" será muy importante ya que a la fecha la sustentabilidad económica de la colonia británica de las Islas se basa prácticamente en la venta de las licencias de pesca a buques de terceras banderas e incluso a algunas firmas -especialmente españolas- que utilizan como bandera de conveniencia el pabellón de la colonia británica del Atlántico Sur.
 
De cualquier manera, el Reino Unido monitorea permanentemente todos los proyectos que surgen en nuestro país y que pudieran perjudicar sus intereses en el Atlántico Sur por lo que estimo que cuando el mismo tome estado público ya se va a poner a la defensiva con la intención de desbaratarlo, por eso el éxito de esta iniciativa dependerá que sea asumida por todo el arco político de la Provincia, sin diferencias partidarias.
 
Es indudable que el simple reclamo diplomático ante los foros multilaterales no preocupa mucho al Reino Unido, más allá de los aspectos formales, y que de no comenzar a afectar sus intereses económicos concretos la situación continuará en el mismo punto muerto en que se ha mantenido durante estos 187 años. Por supuesto que esto se va a potenciar si los legisladores nacionales que representan a la provincia en el Congreso Nacional convirtieran al mismo en una caja de resonancia del reclamo.
 
Creo que es el momento propicio para desplegar este accionar ya que han ingresado al parlamento algunos proyectos del Poder Ejecutivo Nacional que intentan darle más volumen al reclamo de soberanía sobre los archipiélagos y mares circundantes usurpados por el Reino Unido en el Atlántico Sur, el canciller Felipe Solá ha suspendido la cooperación argentino-británica en cuanto a los recursos vivos marinos en el Mar Argentino y las autoridades de la Provincia estarán representadas en la Comisión que crea uno de los proyectos del Poder Ejecutivo Nacional.
 
- En tiempos de pandemia donde existe una crisis económica e incertidumbre mundial, ¿esto puede ayudar a encarecer y perjudicar el saqueo de nuestros recursos? En el caso de ser así, ¿esto es positivo o negativo como estrategia de recuperación, o por lo menos como freno a la creciente explotación ictícola? 
 
La pandemia es un hecho sin precedentes para nuestra generación, al igual que la crisis económica mundial, pero los argentinos tenemos que tener en cuenta que la misma no cambia la relación bilateral en el Atlántico Sur entre la República Argentina y el Reino Unido.
 
Ya desde las últimas décadas del siglo XX la pesca se ha convertido en una actividad económica de creciente importancia, a tal punto que muchos países están creando divisiones administrativas gubernamentales para administrarla. Así España tiene una Subsecretaría de Pesquerías Lejanas, Francia un Ministerio del Mar y Portugal ha irrumpido recientemente con su proyecto geopolítico "Mar Portugal", asimismo tanto Japón como China han creado grandes flotas pesqueras de ultramar y Gran Bretaña se reinventa como un país líder en la estructuración de una legislación internacional para la "gobernanza de los mares" más allá de las jurisdicciones nacionales.
 
Gran Bretaña no tiene una importante industria pesquera pero sí la flota de guerra y bases de apoyo logístico (una de ellas en el archipiélago de las Islas Malvinas) suficiente para colaborar con EE.UU. en el control de todos los océanos.
 
En consecuencia, es de esperar un mayor saqueo de los recursos vivos marinos de estados costeros que como la Argentina, carecen de posibilidades de control y ocupación del espacio. Esta iniciativa generará una inseguridad que perjudicará las estrategias coloniales en este sentido, y claramente beneficiará nuestro posicionamiento en la disputa. 
 
- ¿Cómo analiza la iniciativa desde las Relaciones Internacionales, en un mundo muy complejo donde los estados sub nacionales cada día tienen más importancia?
 
La situación, vista desde los intereses argentinos en el Atlántico Sur es muy compleja. Se ha desarmado el mejor proyecto para restaurar la antigua nación sudamericana que constituyó -con todas sus falencias- la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), por los cambios de las clases dirigentes de los países de la región tendremos alguna dificultad para lograr el mismo compromiso de apoyo conseguido hasta el 2015, si bien hay que reconocer que durante el período 2015-2019 la administración argentina hizo todo lo posible para dinamitarlo.
 
Tendremos que hacer un esfuerzo muy importante para que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no siga la misma suerte. Como lo he desarrollado en muchos de mis trabajos es muy poco lo que podemos lograr de Europa pese al Brexit. Las flotas pesqueras chinas pescan en el Atlántico Sur, en la zona no ocupada por los británicos, aprovechando que carecemos de medios aeronavales para hacer el control de la pesca ilegal. Sin embargo, es necesario un punto de inflexión para detener la decadencia y considero que este proyecto corre en ese sentido. Incluso sería deseable que el Poder Ejecutivo Nacional una vez aprobado este proyecto en la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por ley se creara la Comisión y la posterior denuncia, para aplicar este antecedente a toda nuestra zona económica exclusiva.
 
La Provincia, como entidad subnacional, está dando un paso muy importante, podría interesar al resto de las provincias costeras a tomar el antecedente a través de sus órganos legislativos, a los gobernadores y, por intermedio de los mismos, a las dependencias gubernativas dedicadas a la pesca y a las universidades regionales. Si toda la región patagónica, más la provincia de Buenos Aires, hicieran lo propio, el mismo tomaría tal volumen que terminaría ayudando al Gobierno Nacional a hacer lo propio en lo que es su jurisdicción. 
 
- En plano de las relaciones internacionales y el derecho internacional, donde todo se analiza con meticulosidad, ¿la visibilización e impacto exterior de la iniciativa varía si el planteo o denuncia resarcitoria surge por impulso del cuerpo político plural y más representativo de la provincia como lo es la Legislatura Provincial por Ley, que del poder unipersonal del Ejecutivo?
 
Es indudable que si este proyecto se concretara en una ley provincial, y si fuera posible aprobada por consenso, tendría un grado de aceptación pública que la convertiría en una verdadera política de Estado provincial que se prolongaría más allá de la duración de una administración determinada, ya que se está proponiendo un trabajo a largo plazo, de un gran esfuerzo científico e intelectual, que va a necesitar de su apoyo en el tiempo y los intereses económicos en juego son muy importantes ya que es de prever que la diplomacia británica va a intentar desactivarlo con todos sus medios porque toca el lugar donde reside el poder real: la ganancia económica que produce la usurpación de la zona económica exclusiva de la República Argentina.
  
“Si este proyecto se concretara en una ley, se convertiría en una verdadera política de Estado provincial”.