El proyecto de ley sobre Consenso Fiscal, suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtuvo la sanción definitiva por 157 votos afirmativos contra 54 votos negativos y 7 abstenciones. La iniciativa contempla la suspensión hasta el día 31 de diciembre de 2020 de las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos pro
El texto del Poder Ejecutivo contaba con media sanción del Senado, aprobada el pasado 20 de diciembre de 2019 con 63 votos positivos, 1 negativo y una abstención. De esta manera, el proyecto reemplaza el acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri y las provincias en 2017.
Como miembro informante, el diputado Pablo González (Frente de Todos), realizó un repaso de los alcances de la iniciativa y recordó los consensos fiscales anteriores, en lo que se estableció un esquema de “disminución gradual de impuestos que no resolvió ningún déficit de las provincias”.
“Solicitamos que se apruebe este acuerdo que le da aire a las provincias para sostener sus obligaciones que son la educación, la salud y la justicia”, resumió González.
Desde el mismo bloque, Hernán Pérez Araujo recordó que el actual gobernador de su provincia, La Pampa, no suscribió al Consenso Fiscal y enumeró los reclamos judiciales que llevaron a su provincia a la Corte Suprema. “Esto no fue gratis para la provincia de La Pampa. Por esa acción nos quitaron recursos fundamentales”, señaló.
No obstante, sostuvo que “hemos decidido, por solidaridad con todas las provincias, que vamos a acompañar y vamos a votar a favor”. “Somos acreedores del Estado nacional, no debemos ni un peso, ni un dólar”, concluyó.
En representación de la UCR, el diputado Víctor Hugo Romero defendió los principios fundamentales del Consenso Fiscal firmado en 2017. “En ese momento se trabajó una política fiscal que fortalezca el equilibrio, la autonomía y el federalismo de las provincias”, señaló. “Con este acuerdo, las provincias se comprometieron a trabajar en una estructura de gastos y de reducción de impuestos a lo largo del tiempo”, añadió
“Lamentablemente hoy estamos pretendiendo derogar todo aquel compromiso que hicieron las provincias, es decir, incrementar la presión fiscal, ingresos brutos, inmobiliario”, resumió Romero.
“Tenemos que discutir una nueva ley de coparticipación y, sobre todo, dejar de lado esta política que estamos implementando de que el gasto público se solventa con más impuestos, no es el camino. El camino es acompañar a la producción con menos presión fiscal para lograr una Argentina en crecimiento”, dijo.
Por su parte, el diputado Ricardo Buryaile, también integrante de la bancada radical, expresó que “este tema se debe abordar desde la faceta institucional, no es bueno que se dé marcha atrás con lo que se votó años atrás con la aprobación de los gobernadores, no es una buena señal del Congreso”.
“Hace 59 años que la Argentina tiene déficit fiscal. Si bien la situación de las provincias es complicada, hay que mirar la integridad de un país, tenemos que hacer las cosas distintas y establecer una política de Estado que marque un rumbo”, reflexionó.
El diputado de Córdoba Federal, Paulo Cassineiro, adelantó su voto positivo al considerar que “las proyecciones del gobierno anterior no se cumplieron y sus decisiones nos llevaron a esto”.
“Lamentablemente la crisis económica ha tenido un fuerte impacto en las economías regionales”, dijo. “Hay que brindarle al nuevo gobierno las herramientas para el manejo institucional de la emergencia, lo consideramos una responsabilidad federal”, añadió.
A su turno, el diputado José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, expresó que el proyecto que viene del Senado “tiene un amplio acuerdo para que pueda ser aprobado hoy”. Además, cuestionó “la falta de previsibilidad” que implica que en cada administración se cambien las reglas: “Con estas decisiones se obvia la posibilidad de construir políticas de Estado”.
“Mi propuesta es que la suspensión del Consenso Fiscal hay que votarlo a favor, porque no podemos seguir pidiendo que se bajen los impuestos con 16 millones de pobres”, dijo Ramón.
En tanto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, expresó su apoyo al proyecto, al reconocer “la coyuntura macroeconómica y respetando la voluntad federal de los gobernadores que lo firmaron”.
Sin embargo, Sapag alertó que “debemos entender que la presión impositiva tiene un límite y que la disciplina fiscal es fundamental para volver a crear las condiciones de desarrollo para nuestro país”.
Por su parte, la diputada Romina del Pla (FIT), expresó que “lo que se está defendiendo con este proyecto es los intereses de los gobernadores” y adelantó su voto en contra de la iniciativa.
Desde el PRO, el diputado Ignacio Torres criticó al gobierno por “vender este consenso como solidario”. “No saben explicar cómo vamos a generar empleo si tenemos la segunda tasa más alta de presión fiscal del mundo”, advirtió.
Asimismo, desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto consideró que “lo que se está planteando es lo que sienten los gobernadores, pero no lo que siente el pueblo de la Nación que está cansado de pagar impuestos y pagar impuestos”. “La Argentina no da más con su carga tributaria”, criticó.
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