Tomará estado parlamentario en el Concejo de Ushuaia la autorización de deuda por $ 100 millones

Este miércoles tomará estado parlamentario la autorización pedida por el Ejecutivo municipal para contraer una deuda de $100.000.000 para la adquisición de maquinarias y equipos viales. En labor parlamentaria, los concejales Ricardo Garramuño y Juan Manuel Romano solicitaron que el asunto sea girado a comisión para un mayor análisis. En la sesión, además, propondrán mejoras en los espacios públicos, la creación del programa "Incentivo al Trabajo”, modificaciones a la ordenanza que regula el serv

 
El pedido de autorización para contraer una deuda por cien millones de pesos, requerido por el Ejecutivo municipal, será girado a la comisión de Haciendas, Presupuesto y Cuentas donde se espera la participación de funcionarios municipales a fin de que los concejales puedan despejar las dudas que presenta el proyecto.
 
“La Carta Orgánica establece que sólo se puede contraer deudas para obra pública o para renegociación de deudas, no habla de leasing. La ordenanza municipal de créditos públicos establece especificaciones para contraer una deuda, como por ejemplo los plazos, y este proyecto carece de esa información. No está claro el monto máximo para la operación, con este proyecto estamos dando como garantía la coparticipación municipal, los recursos propios de la municipalidad. Es un proyecto de endeudamiento sin información, con esto estamos dando un cheque en blanco”, argumentó su postura el concejal Ricardo Garramuño.
 
El mopofista sostuvo que “como mínimo, solicitamos la presencia de los funcionarios municipales para que nos expliquen todas las dudas que tenemos”.
 
Por su parte el concejal Juan Manuel Romano acompañó los argumentos del MPF y remarcó que “es casi la misma situación que vivimos con la compra de colectivos, donde no teníamos información y hoy estamos viendo con algunas dificultades el servicio, porque todavía carecemos de transporte adaptado para personas con movilidad reducida”.
 
Romano amplió que “es nuestra obligación analizar que los recursos van a ser destinados para lo que señala el proyecto, pero sería interesante estudiar el proyecto en comisión y poder llegar a un acuerdo dependiendo de la información que nos pueda brindar el Ejecutivo municipal; hoy lo único que sabemos es que van a comprar maquinarias, nada más que eso”.
 
En tanto el concejal Juan Carlos Pino subrayó que “cien millones no inciden estructuralmente al municipio y lo consideramos necesario ante esta situación de pandemia que atravesamos, donde no hay grandes movimientos económicos y el Estado necesita reactivar las obras públicas, entendiendo además que el crédito es un porcentaje mínimo en referencia al presupuesto”.
 
El concejal Javier Branca destacó la necesidad del Ejecutivo de contar con los fondos pero no descartó la concurrencia de funcionarios municipales para brindar mayor información y tratar el asunto en una sesión especial, según propuso.
 
En tanto la concejala Laura Avila requirió que se reserve el tratamiento del asunto sobre tablas, dada la importancia de la herramienta para que el Ejecutivo municipal pueda realizar las obras planificadas.
 
El próximo miércoles 16, en la 5ta sesión ordinaria, los concejales solicitarán al municipio que realice tareas de mantenimiento y mejoras en los espacios públicos, la reparación de los espejos parabólicos y la ampliación del sector peatonal que corre paralelo a la avenida Perito Moreno.
 
También tratarán el proyecto de ordenanza que crea el programa denominado "Incentivo al Trabajo" que tiene como objetivo estimular la producción de bienes y servicios que realizan las cooperativas, mutuales y los emprendedores, garantizando que el 30 % de la compra de insumos y contrataciones que efectúa el Estado municipal deben ser provenientes de dichas entidades.
 
Los concejales buscarán modificar las ordenanzas que regulan el servicio de taxi y remis en materia de habilitación de los vehículos, ampliando la antigüedad que deben tener al momento de la compra de las unidades, extendiendo de manera excepcional, por un año, que los vehículos cuenten con 7 años de antigüedad en lugar de 5, como lo establecen las normativas vigentes.