En una votación que terminó en empate y definió la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Gobierno consiguió aprobar la “ley Bases” con más cambios concedidos por el Gobierno a último momento. Ahora, la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados con el compromiso de que las modificaciones acordadas con la Casa Rosada serán ratificadas.
El proyecto recibió en general 36 votos a favor, 7 de La Libertad Avanza, 7 del PRO, 12 de la UCR y 10 de distintos bloques provinciales y 36 en contra , 33 de Unión por la Patria, el radical Martín Lousteau y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Villarruel terminó desempatando.
El Gobierno introdujo nuevos cambios en materia de privatizaciones, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), moratoria previsional y organismos que no podrán ser disueltos o intervenidos por Javier Milei.
Una de las noticias principales fue la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina) del listado de empresas a privatizar.
Por otra parte, se acotó el RIGI a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología; y se estableció un compromiso de contratar proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% de la totalidad del monto de la inversión.
Además, el Gobierno aceptó suprimir el capítulo que eliminaba la moratoria previsional. De prosperar la iniciativa oficialista, quienes no tuvieran los años de aportes necesarios solo podían acceder a la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) a los 65 años, más un adicional proporcional a los aportes efectivizados. De esa manera, las mujeres de 60 años sin aportes debían esperar cinco años para cobrar el beneficio.
Otra modificación relevante, sobre todo para las provincias, es que se garantiza la continuidad de las obras públicas en un 80% de grado de avance o que tengan financiamiento internacional.
Por otra parte, se incorporaron los organismos de la cultura al amplio listado de instituciones que no podrán ser disueltas por Milei en uso de sus facultades delegadas, y se agregó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo que no podrá ser intervenido.
“Además del compromiso de que los cambios que hayan sido consensuados con el Gobierno se van a respetar en Diputados”. En cambio, en aquellas modificaciones que logre introducir la oposición sin el aval de la Rosada, la Cámara baja podría insistir en la versión original.
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