Después de 50 años, el ex marino Roberto Guillermo Bravo fue condenado en Estados Unidos

La corte del distrito sur de Florida, encontró responsable de ejecuciones sumarias y torturas al exmarino Roberto Guillermo Bravo y lo condenó a pagar una indemnización de 27 millones a familiares de las víctimas de laMasacre de Trelew. Tras el fallo en EEUU la hija de una víctima destacó el fin de "50 años de impunidad" y aseguró que se dio "un paso más" en el pedido de extradición.

 
 
A 50 años de los fusilamientos en la Base Almirante Zar, el ex marino Roberto Guillermo Bravo fue juzgado en Estados Unidos por su presunto papel en la masacre de Trelew. Hasta el día de hoy, Bravo eludió la acción de la justicia ya que desde 1973 reside  en Estados Unidos y el primer pedido de extradición de Argentina fue rechazado en 2010.
 
Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas lo demandaron por su presunto papel en el fusilamiento de militantes detenides en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
 
El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS.  La demanda en basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA).
 
Raquel Camps, hija de Alberto Camps, uno de los sobrevivientes en la Masacre de Trelew, describió como "un proceso histórico" el fallo alcanzado por la corte del distrito sur de Florida en Estados Unidos que condenó al exmarino Roberto Guillermo Bravo a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas, y remarcó que con este veredicto "se terminaron 50 años de impunidad" y se dio "un paso más" en el pedido de extradición.
 
"Fue histórico y un logro impresionante finalmente sentar en el banquillo a Bravo. La única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no bajamos los brazos. Tengo la esperanza de que la magnitud de este proceso sea un impulso grande para poder extraditarlo", remarcó Raquel en declaraciones a Télam.
 
La sentencia se conoció el viernes 1° de julio al cabo de un juicio civil en el que se analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos perpetrada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.
 
La demanda civil había sido presentada en octubre de 2020 por familiares de cuatro víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps.
 
Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros en la base naval de Trelew se basó en un acto defensa personal en el contexto de un intento de fuga.
 
"Fue muy fuerte declarar en una corte norteamericana explicando esta historia. Sentí que estaba siendo la voz de mi papá que habían callado hace 45 años", remarcó Raquel.
 
La estrategia judicial de los familiares de la víctima se centró en dos puntos: tenían que evitar que se determinara la prescripción del crimen y demostrar por qué no iniciaron el juicio civil en el momento en que supieron dónde se había escondido Bravo desde 1973.
 
"La prescripción era un tema que nos podía perjudicar porque podíamos haber presentado la denuncia en 2008, pero en ese momento pedimos la extradición que fue negada en 2010. Tuvimos que argumentar que teníamos poca información en un principio y el miedo que siente uno de enfrentar a un genocida que vivió toda su vida impune y amparado en Estados Unidos, donde se hizo millonario", explicó Raquel.
 
El jurado debía llegar a una decisión de manera unánime, por lo que se esperaba que la deliberación se extendiera incluso más allá del viernes. Sin embargo, sólo demoraron dos horas en acordar el histórico veredicto en el que se determinaron distintos montos y punitivos para cada familia.
 
"No hubo dudas, fue impresionante. A mitad de la semana el jurado estaba decidido, después de escuchar a Bravo explicar cómo masacraron a 16 personas en un pasillo chiquito. Era imposible refutar eso. Cuando estábamos sacando las banderas de los familiares de Trelew y empezamos a cantar bajaron dos integrantes del jurado y nos saludaron. Le dijimos 'Gracias' porque hicieron historia junto con nosotros", expresó Raquel.
 
En tanto, el pedido de la extradición de Bravo sigue en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse.
 
"Es un juez que se toma su tiempo, pero esta sentencia es un paso más y un antecedente importante para la extradición. Necesitamos que se decida porque, si no, la impunidad biológica nos pasa por encima", advirtió Raquel.
 
La mujer contó que fue un proceso "muy distinto" al juicio oral y público que se llevó adelante en Argentina en mayo de 2012 a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, donde fueron acusados los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
 
"En Argentina estamos acostumbrados a no verlos y acá estuvimos a pasos. La mujer de Bravo nos miraba todo el tiempo y la cruzábamos en el baño. Teníamos que contenernos para no cantar como estamos acostumbrados porque los abogados nos pedían mantener la calma para no empañar la estrategia y el pedido de justicia", explicó.
 
Los únicos momentos en que Raquel escuchó la voz de Bravo fue cuando declaró.
 
En esa instancia, el exmarino insistió en que actuó en defensa propia y reivindicó al represor Alejandro Lanusse como "un dictador benévolo". Al escuchar la sentencia, Raquel también lo oyó decir 'Me siento feliz por ellos'", demostrando "un enorme cinismo".
 
"Se terminaron 50 años de impunidad. Tiene 80 años pero está impecable y no se le movió un músculo de la cara en ningún momento. Declaró en inglés, mas allá que tranquilamente podía haberlo hecho en español, y se desdijo varias veces de la declaración jurada que había hecho antes", contó.
 
La historia de Raquel Camps estuvo marcada por lo que ocurrió en el penal de Rawson incluso desde antes de haber nacido. Su padres, Alberto Miguel Camps y María Rosa Pargas se conocieron allí a través de un hueco en el techo que los detenidos habían hecho para comunicarse entre ellos.
 
"Los varones estaban abajo y las mujeres arriba. Hacían una pirámide humana para que mi papá pueda llegar más arriba y hablar con ella. Cuando salieron siguieron juntos hasta el día que desaparece mi vieja y matan a mi viejo", recordó.
 
El 16 de agosto de 1977 Raquel tenía tan sólo meses de edad. Su madre fue interceptada junto a su hermano en Lomas de Zamora, los subieron al baúl del auto y se los llevaron. Mientras tanto, otro grupo baleaba la casa con ella y su padre adentro.
 
"A mi papá lo llevaron en una camilla a un hospital porque no lo querían muerto. Yo zafé de casualidad, me secuestraron y después de tres semanas nos devolvieron junto a mi hermano en la casa de mis abuelos paternos. A mi viejo lo enterraron en una fosa común y mi madre sigue desaparecida", explicó.
 
Fue recién en su adolescencia que Raquel inició el camino de la reconstrucción con la ayuda de aquellas familias que "venían luchando desde el día después de la masacre".
 
"Volver siempre a la historia es fuerte, pero fuimos a representar a todos ellos. Pude continuar con el pedido de justicia que mi padre mantuvo durante los cinco años que estuvo vivo", expresó Raquel.