La Cámara de Diputados abrirá el debate en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.
Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia.
El cronograma de debate fue definido el jueves durante un encuentro que mantuvieron la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos), y las presidentas de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau (FdT); de Mujer y Diversidades, Mónica Macha (FdT), y el titular de la de Salud, Pablo Yedlin (FdT).
También asistieron las diputadas de Juntos por el Cambio que están a cargo de las vicepresidencias de esas comisiones: Silvia Lospenatto, Carla Carrizo, Carmen Polledo y Marcela Campagnoli, en tanto que al final del encuentro se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
De acuerdo al cronograma previsto, las comisiones de Salud y Presupuesto comenzarán el lunes a las 10 la discusión del Plan de los 1000 días, con las exposiciones de funcionarios de los Ministerios de Salud; de la Mujer, Géneros y Diversidad y del Interior y de la Anses.
En tanto, el martes a las 9 a la mañana se abrirá la discusión sobre el proyecto de legalización del aborto con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Tras los informes de los ministros, el mismo martes a las 14 comenzará la ronda de expositores -50 en total, 25 a favor y 25 en contra del proyecto de legalización del aborto -que tendrán 7 minutos cada uno al igual que en 2018- y la discusión continuará el miércoles durante toda la jornada.
Según lo acordado, la intención de los diputados es reunirse el jueves para escuchar las diferentes posturas y dictaminar finalmente el viernes 4 de diciembre.
Fuentes parlamentarias señalaron que durante el tratamiento del proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14, se buscará evitar las agresiones entre los diputados a favor del aborto y en contra con el fin de tener, como pidió el presidente Alberto Fernández, un debate "serio sin ataques personales".
También, se acordó promover entre todos una resolución de la cámara baja para pedir a los legisladores que trabajen en este tema, evitar adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas para que sea un debate serio y respetuoso.
La intención es evitar las agresiones que sufrieron algunos diputados que adelantaron su postura a favor del proyecto, como el que ocurrió frente al domicilio del radical Facundo Suárez Lastra, cuando un grupo de personas autodenominadas "provida" se manifestó con bombos y carteles en contra de la iniciativa.
Las fuentes estimaron que esas agresiones se podrían replicar en los domicilios de los diputados del interior y para evitar esas situaciones analizan participar desde las Legislaturas provinciales, donde tendrían garantizada la seguridad y la conexión a la hora de votar el proyecto.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Después de ese plazo se habilitan dos causales: violación y riesgo de salud o de vida para la persona gestante.
Previo a la realización se exigirá el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. Podrá hacerse en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento
En los casos de personas menores de 13 años de edad podrán acceder a la IVE mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales.
Además, habilita la "objeción de conciencia". Quienes objeten la práctica podrán hacerlo de forma individual siempre y cuando mantegan su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, deriven a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional sin dilaciones y adopten todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
No se podrá alegar objeción para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
La cobertura de la práctica será total y quedará incluida en el Plan Médico Obligatorio (alcanza no solo al sistema público sino a las obras sociales y prepagas).
Mantiene la pena de 3 a 10 años a quien realice un aborto sin consentimiento y la reduce de 3 meses a 1 año en caso de hacerlo con consentimiento, pero fuera de los plazos. Castiga con 3 meses a 1 año al personal de salud que dilate, obstaculice o niegue un aborto. Penaliza de 3 meses a 1 año a la persona gestante que aborte por fuera de los supuestos.
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