El Comité de los Derechos del Niño pidió al Estado argentino reforzar las políticas para las infancias

““Argentina falla en garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así lo confirma el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales. La Comisión de los Derechos del Niño abordó la desinversión en salud y educación, y el cierre del INADI. “El 57% de los niños viven en hogares que no pueden cubrir sus necesidades no alimentarias”, indicó.

Duro informe de Naciones Unidas sobre la situación de los chicos argentinos y las políticas de niñez del Gobierno.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó en Ginebra un grave reporte sobre la situación de la Argentina, durante una conferencia de prensa híbrida que se realizó desde Suiza, denuncian desinversión en educación y salud, apuntan contra el cierre del Inadi y piden que se levante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo.

En un  informe de 17 páginas el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el cierre y la degradación de instituciones, la retracción de políticas públicas y la reducción drástica del presupuesto destinado a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde finales del 2023 en Argentina, incluida la desinversión en salud y educación en los últimos meses.

Así lo hizo al emitir sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina, tras el examen periódico del Estado argentino. El organismo de las Naciones Unidas publicó las recomendaciones luego de escuchar a la sociedad civil y al Estado. El Comité, además, instó al Estado a asegurar la debida asignación de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para paliar el preocupante diagnóstico.

Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo de País para la Argentina, dijo que la actual crisis financiera que enfrenta el país tiene un impacto en el presupuesto para niños y adolescentes. Recordó que siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza y el 14% vive en la pobreza extrema. “Más de siete millones de niños viven en la pobreza; esto es escandaloso. ¿Qué medidas se han adoptado para abordar esta crisis?”, preguntó.

Expresaron su  preocupación  por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, se lee en el informe.

Además señaló estar “profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.

Uno de los apartados sobre discriminación y violencia reclama que se levante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo: se exhorta al Gobierno “A levantar la prohibición anunciada por el Presidente sobre el uso de un lenguaje inclusivo en la administración pública”, señala.

El informe del Comité también manifiesta su preocupación por el “aumento exponencial de casos de uso de niños en actuaciones y materiales pornográficos y grooming”. Por eso, insta a la administración nacional a “prohibir y sancionar expresamente el delito de compra y venta de niños en todas sus formas, incluso para fines de adopción”, apunta. Y propone que esta prohibición debe ser incorporada en el Código Civil y Comercial y en el Código Penal.

También le pide al Gobierno que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad”. Al respecto, durante las consultas, los representantes del Comité le preguntaron a la delegación argentina por una estadística que los preocupa. “¿Qué seguimiento se ha dado a las denuncias presentadas por los niños contra la policía?”, se inquirió en la reunión del 3 de septiembre. También, según se publicó en el informe del encuentro, se preguntó “¿Qué justificaciones tiene el Estado Parte para prohibir que los niños participaran en las protestas? Siete de cada diez adolescentes habían informado de que tenían miedo de la policía. ¿A qué se debía esto?”.

Otro de los puntos que preocupan a los expertos de ONU es que los niños y los adolescentes “son víctimas de alrededor del 67% de los casos de violencia sexual. ¿Qué se está haciendo para prevenir la violencia sexual y la revictimización de las víctimas?”, se preguntó en la consulta. En las conclusiones se señala que se celebra la “implementación de la línea telefónica 144, pero preocupados por las reducciones presupuestales asignados a políticas destinadas a reducir la desigualdad de género, el Comité insta al Estado parte a que vele por que todas las denuncias de delitos relacionados con la violencia de género sean investigados de forma independiente y exhaustiva”, dice.

“Argentina falla en garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así lo confirma el Comité en sus observaciones finales sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En un contexto en que al Congreso de la Nación le toca debatir el presupuesto 2025, el organismo insta al Estado a aumentar la asignación de recursos para garantizar un mejor presente y futuro para las infancias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El  Comité exhorta al Estado argentino a adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de las infancias:

Educación Sexual Integral: garantizar la efectiva implementación de la ESI y adoptar medidas para asegurar que sea parte de la curricula obligatoria, con especial atención en la prevención del embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual. Además, se deben adoptar mecanismos para la detección temprana y reporte de casos de violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes.

Embarazo en la adolescencia: el organismo resaltó los logros del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) al tiempo que manifestó preocupación por los altos números de embarazo adolescente, y la desinversión en salud y educación. En esta oportunidad insta al Estado a asegurar la continuidad y fortalecimiento del Plan ENIA, incluida la suficiente asignación de presupuesto para garantizar insumos, instalaciones y los recursos técnicos y humanos necesarios para una aplicación eficaz y adecuada en todo el país.

Actualmente, el Congreso de la Nación tiene la oportunidad de atender a esta recomendación y avanzar en la sanción de una ley que asegure la sostenibilidad del Plan ENIA.

Aborto: el Comité destacó el impacto positivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la reducción de la mortalidad materna e instó al Estado a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios y de personal sanitario capacitado para prestar servicios de aborto voluntario y legal y de atención postaborto.

Violencia de género y violencia online: el organismo reconoció los avances en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, manifestó preocupación por los altos índices de violencia sexual y abusos hacia las infancias y alertó sobre el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y las reducciones en el presupuesto destinado a atender y reducir la desigualdad de género. En ese sentido, recomienda al Estado asegurar que las denuncias por violencia de género sean investigadas de forma independiente y que se proporcione apoyo económico a las víctimas.

Asimismo, recomienda adoptar políticas públicas para prevenir y abordar todas las formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y llama al Estado a , realizar campañas de sensibilización para prevenir la violencia de género en línea y facilitar información sobre cómo y dónde denunciarla.

Protesta: el Estado debe derogar las disposiciones del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que restringen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones. Adicionalmente, alertó sobre las restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de niños, niñas y adolescentes y sobre el uso excesivo de la fuerza.

Finalmente, también manifestó preocupación por el cierre definitivo del INADI y su potencial impacto en la prevención de la discriminación.