Entró en vigencia el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones

El Gobierno Nacional oficializó con la publicación del decreto 749, la reglamentación del RIGI. El sistema fue creado para impulsar la llegada de grandes inversiones al país mediante una serie de beneficios fiscales y aduaneros.

El proyecto que fue aprobado bajo la ley de Bases con su conjunto de medidas fiscales correspondientes, fue oficializado mediante el Decreto 749/2024 publicado en el 'Boletín Oficial'.

El sistema fue creado para impulsar la llegada de grandes inversiones al país mediante una serie de beneficios fiscales y aduaneros.

El RIGI tiene como meta principal atraer inversiones de gran escala, tanto de empresas nacionales como extranjeras, en sectores clave de la economía. Para poder acceder a estos beneficios, los proyectos de inversión deben superar los 200 millones de dólares. Con esta iniciativa, se busca proporcionar un marco de certeza y seguridad jurídica para los inversionistas, asegurando la protección de los derechos adquiridos por quienes participen en proyectos bajo este régimen.

De acuerdo al texto oficial, el RIGI «tiene como objetivo principal reglamentar y poner en marcha un régimen de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones a distintos sectores de la economía argentina, así como generar las condiciones necesarias para que empresas nacionales y extranjeras realicen inversiones de gran envergadura en el país».

El régimen está diseñado con varios objetivos en mente, entre los que destacan:

Fomento de la inversión extranjera directa (IED): se busca atraer capital extranjero hacia Argentina y estimular la inversión local en sectores estratégicos como la industria, minería, turismo, energía, entre otros.

Generación de empleo: promover la creación de puestos de trabajo de calidad es uno de los pilares fundamentales del RIGI, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social en distintas regiones del país.

Incremento de exportaciones: se espera que las inversiones derivadas de este régimen impulsen las exportaciones argentinas y contribuyan a diversificar la matriz productiva.

Desarrollo de sectores clave: el régimen tiene un enfoque en fortalecer sectores estratégicos para el crecimiento económico de Argentina.

Aunque el decreto no especifica detalladamente todos los incentivos que se otorgarán, se mencionan algunos beneficios potenciales como:

Exenciones impositivas para las empresas participantes.

Devolución del IVA en ciertas condiciones.

Facilidades crediticias.

Garantías proporcionadas por el Estado.

Estos incentivos están pensados para ofrecer previsibilidad, estabilidad y competitividad a las empresas que decidan invertir bajo este régimen.

El RIGI abarca diversos sectores económicos, cada uno con requisitos de inversión específicos:

Forestoindustria: proyectos relacionados con la industria maderera.

Turismo: inversiones en servicios de hospedaje y alojamiento.

Infraestructura: proyectos en logística y transporte, como redes viales, marítimas y ferroviarias.

Minería: actividades de exploración, desarrollo, extracción y explotación de minerales.

Tecnología: innovaciones en biotecnología, nanotecnología, movilidad, energía, industria aeroespacial, nuclear, software, robótica, inteligencia artificial, armamento y defensa.

Siderurgia: industrialización y procesamiento de hierro, acero y sus derivados para productos primarios o elaborados.

Energía: generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía, tanto renovable como no renovable.

Petróleo y gas: incluye desde la construcción de plantas hasta la exploración, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petroquímica, licuefacción de gas natural y exploración/explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Las empresas interesadas en adherirse al programa contarán con un plazo de dos años para hacerlo, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo extienda ese periodo por un año adicional. La mayoría de estos sectores requiere una inversión mínima de U$S200 millones, aunque existen excepciones: en petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento, deben superar los U$S 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a U$S 600 millones.