El gobierno nacional liberó las tarifas de Internet, celulares y cable y les quitó el rango de servicios “públicos, esenciales y estratégicos” que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a regular los incrementos. Eliminando los topes de los incrementos que fijaban un límite a las empresas del 5% y de hasta el 10% mensual. La resolución afectará a las tarifas a partir del mes de julio.
Según la resolución publicada hoy el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, celular y TV por cable para que fijen sus tarifas sin intervención del Estado.
Mediante la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, el Gobierno que conduce Javier Milei derogó 13 resoluciones anteriores, desregulando de manera prácticamente total las tarifas del sector.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".
La resolución marcará un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina.
Según explica la misma resolución, según la Procuración del Tesoro de la Nación "el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido". Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución "que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la justicia".
En otro tramo del documento, explicitan que tal como surge del DNU N° 302/2024 "Los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente".
El objetivo del ENACOM durante su intervención será realizar una auditoría de la gestión durante el gobierno de Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la presidente de Alberto Fernández.
A su vez, el Gobierno dispuso que se deberá efectuar un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa de dicho ente, a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa, conforme las competencias asignadas por las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus modificatorias, procurando fomentar su profesionalización y eficiencia.
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