Inaceptable estafa Presidencial en nombre de la Argentina y de las PYMES

Comunicado de la ENAC en virtud de la cripto estafa promovida desde la investidura Presidencial Argentina. Denuncian “La irresponsabilidad en el ejercicio del más alto cargo del país no solo socava la confianza pública, sino que expone a la Argentina a una crisis institucional y económica de magnitud incalculable”.

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) expresamos nuestra profunda preocupación ante el escándalo desatado por la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, que resultó en millonarias pérdidas para miles de ciudadanos e inversores. La irresponsabilidad en el ejercicio del más alto cargo del país no solo socava la confianza pública, sino que expone a la Argentina a una crisis institucional y económica de magnitud incalculable. Por lo tanto reclamamos que se lleve a cabo un juicio polìtico que esclarezca o ratifique la gravedad de lo sucedido.

No solo estamos frente a un hecho de mal desempeño en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, sino ante una estrategia perversa en la que Milei ha utilizado la institucionalidad del Estado argentino como pantalla para validar una operación fraudulenta, apelando al discurso de la inversión productiva para captar el interés de ciudadanos desprevenidos. En este marco, las pequeñas y medianas empresas fueron utilizadas como falso sujeto beneficiario de la operatoria, engañando a miles de inversores en el proceso.

Nunca en la historia de la Naciòn Argentina se ha visto, en tiempo real, una estafa digital multimillonaria en dolares y con tantas pruebas a la vista que dejan a la luz una trama de funcionarios pùblicos, asesores, empresarios de dudosa procedencia y solvencia  y una basta red de agentes extranjeros involucrados en este crimen.

Las denuncias nacionales e internacionales de corrupciòn que se dispararon a partir de esta estafa no pueden ser minimizadas, de hecho resultan en un agravante de la siutaciòn. La Constitución Nacional establece con claridad los deberes y atribuciones del Presidente, entre ellas la de administrar el país con responsabilidad y en resguardo del interés general. Sin embargo, el uso de su investidura para la promoción de un esquema financiero fraudulento configura una falta gravísima, que podría derivar en responsabilidades políticas, civiles y penales.

Desde ENAC repudiamos que se utilice a la inversión en las pymes argentinas como excusa para estafar mediante la criptomoneda $Libra a la buena fe de inversores. La producción y el trabajo no pueden ser utilizados como fachada para maniobras especulativas que solo benefician a unos pocos mientras perjudican a miles de ciudadanos y afectan la credibilidad del país en los mercados financieros.

El descrédito generado a nivel global compromete aún más la estabilidad económica de la Argentina, ya golpeada por una crisis inflacionaria y el deterioro de la actividad productiva. Mientras las pymes luchan día a día por sostener la producción y el empleo en un contexto de caída del consumo y presión fiscal, el Presidente de la Nación se involucra en un escándalo financiero con ribetes de estafa, dañando la reputación del país en los mercados internacionales.

Desde ENAC exigimos:

Una inmediata explicación pública del Presidente sobre su rol en la promoción de esta criptomoneda y las vinculaciones que pudiera haber tenido con quienes la impulsaron.

Una investigación judicial exhaustiva, independiente y transparente, para determinar la posible existencia de delitos y responsabilidades en este caso.

Que el Congreso de la Nación actúe en defensa de la institucionalidad y evalúe la pertinencia de iniciar un juicio político al Presidente de la Nación, conforme lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 53, 59 y 60. De confirmarse que el mandatario utilizó su investidura para la promoción de un esquema fraudulento, estaríamos frente a un caso de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que podría derivar en su destitución.

La Constitución Nacional establece en su Artículo 53 que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar al Presidente por mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. A su vez, el Artículo 59 determina que el Senado es la instancia que debe juzgar estos casos, con la posibilidad de destituir al Presidente si se reúnen los votos necesarios.

La gravedad del accionar presidencial en este caso pone en duda su idoneidad para seguir ejerciendo el cargo. Utilizar la investidura del Estado para promocionar esquemas financieros dudosos atenta contra la credibilidad de la Argentina, su seguridad jurídica y el bienestar de la ciudadanía.

Que la justicia proteja a las víctimas, garantizando mecanismos para la restitución de los fondos a los damnificados y la sanción efectivas a los responsables.

La Argentina no puede permitirse un Presidente que, en lugar de trabajar por el bienestar de su pueblo, use su influencia para promover esquemas financieros de dudosa legalidad. Mientras el país necesita reglas claras y previsibilidad para atraer inversiones genuinas y fortalecer la producción, la desregulación irresponsable y la connivencia con actores inescrupulosos solo profundizan la incertidumbre.

El sector empresario nacional pyme sostiene la economía real del país con esfuerzo y compromiso cotidiano. No toleraremos que el descrédito y la corrupción arrastren a la Argentina a una mayor crisis. La institucionalidad debe defenderse con firmeza y sin concesiones.