La Justicia ordenó al Gobierno que reparta las 5 toneladas de alimentos retenidos

El juez federal Sebastián Casanello le dio hoy un plazo de 72 horas al Ministerio de Capital Humano para presentar un plan de distribución de las 5 Toneladas de alimentos que se encuentran retenidos en galpones. Según el juez, al dejar de enviar comida a los comedores el Gobierno incumple con el "derecho humano fundamental a la alimentación"

El juez federal Sebastián Casanello dictó una orden que obliga al Ministerio de Capital Humano a distribuir “de manera inmediata” los 5 millones de kilos alimentos almacenados en sus depósitos, a los sectores que padecen inseguridad alimentaria. La medida respondió a una denuncia penal que apunta a la interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios por parte del gobierno de Javier Milei.

En su fallo, Casanello exigió que el ministerio informe en un plazo de tres días la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos acumulados, que se estima superan los 5 millones de kilos. Estos alimentos fueron adquiridos durante la gestión anterior y, según se denuncia, podrían estar próximos a vencer, lo que agravó la situación de las comunidades vulnerables.

La denuncia fue presentada en febrero por Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), acusando a la ministra Sandra Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no disponer la entrega de alimentos a comedores barriales y comunitarios en todo el país. La denuncia fue impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, quien afirmó que la ministra estaba violando normas que garantizan el alimento a personas en extrema pobreza.

Casanello le exigió a la cartera que conduce Sandra Pettovello un detalle sobre el stock actual de la mercadería, que se encuentra almacenada en depósitos de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la tucumana de Tafí Viejo, con precisiones sobre las fechas de adquisición y vencimiento. También deberá mostrar los registros de ingreso y egreso de mercaderías desde diciembre de 2023.

En abril  el Ministerio de Capital Humano aseguró, que no existe normativa alguna que regule la entrega de alimentos y aseguró que la asignación de los mismos se correspondía "a la demanda de los establecimientos/organizaciones y a la definición política de la autoridad". Posteriormente  la cartera argumentó que las demoras estaban relacionadas con "el desorden generalizado y las graves irregularidades" que se habrían heredado del Gobierno anterior.

El 23 de mayo, la querella incluyó en la causa la información proveniente de la nota de Lijalad en El Destape. A partir de ese momento, la fiscal le solicitó al juez una medida cautelar para exigir a la cartera de Petovello la entrega de la mercadería y una orden de allanamiento para investigar los dos galpones en los que se encuentran los alimentos.

La respuesta de Casanello,  se hace eco de los reclamos de la fiscal y ordena al ministerio a presentar el plan de distribución y a dar detalles sobre los productos stockeados, sin dar lugar al pedido de allanamiento. Según el juez, al dejar de enviar comida a los comedores el Gobierno incumple con el "derecho humano fundamental a la alimentación" y con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a respetar, proteger y realizar este derecho.