El representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, envió una carta al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ante “la preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones”. En cuanto a la reforma a la Carta Magna expresó que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Argentina expresó preocupación por las denuncias de atropellos de derechos y acciones violentas ocurridas durante las protestas que tienen lugar en la provincia de Jujuy, en el norte del país, como respuesta a una reforma a la Constitución provincial aprobada ayer martes 20 de junio por la legislatura local.
Las informaciones de la ONU dan cuenta del uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, que han dejado decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza.
En el contexto de las manifestaciones se reportan detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, además de obstrucción al trabajo de los activistas de derechos humanos.
Los manifestantes, por su parte, también han cometido algunas acciones violentas como irrumpir por la fuerza en las instalaciones de la legislatura provincial.
El representante para América del Sur de la Oficina instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar con premura “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy”.
Jan Jarab las exhortó asimismo a redoblar esfuerzos “para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos”.
En cuanto a la reforma a la Carta Magna de Jujuy, Jarab dijo que “presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica”.
Entre otras disposiciones, esa modificación prohíbe cortar la circulación en calles y carreteras, una forma de protesta muy socorrida durante las últimas semanas en Jujuy en las movilizaciones contra de la reforma constitucional y en favor del aumento al salario de los docentes.
En este sentido, el titular de la Oficina en Sudamérica aseveró que la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que éstas puedan generar.
De acuerdo con las informaciones de la ONU, el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas,
Al respecto, Jarab recordó que “el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial”.
El representante consideró que la situación en Jujuy se vincula con dos temas centrales que la Oficina que lidera observan en varias provincias del país: la violencia institucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
La ONU urgió al “diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”.
Finalmente, Jarab reiteró la disposición la Oficina de Derechos Humanos de acompañar al Estado argentino en sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia frente a éste y otros desafíos.
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