Ley Bases: los jubilados no deben ser la variable de ajuste

Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por el deterioro de los derechos de las y los jubilados. “Ajustar a los ajustados no refleja ningún plan fiscal que priorice el imperativo de derechos humanos de trabajar en una propuesta que permita a los jubilados recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años”.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Bases que, entre diversas reformas económicas y fiscales, incorpora cambios en el sistema previsional argentino. Amnistía Internacional alerta sobre la incorporación de la figura de Prestación de Retiro Proporcional y manifiesta su preocupación por el deterioro de los derechos de las y los jubilados.

El proyecto dispone la derogación de la moratoria previsional e incorpora una nueva figura: la de Prestación de Retiro Proporcional para quienes tengan 65 años, pero no cumplan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación mínima. Según datos oficiales, del total de personas que se dieron de alta para jubilarse en 2023, 8 de cada 10 lo hicieron a través de un plan de moratoria. De aprobarse la Ley de Bases, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no podrán jubilarse a los 65 años y deberán optar por alternativas que no llegan a la jubilación mínima, suma que no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria.

“Ajustar a los ajustados no refleja ningún plan fiscal que priorice el imperativo de derechos humanos de trabajar en una propuesta que permita a los jubilados recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Las medidas de gobierno no brindan una solución urgente para garantizarles condiciones de vida dignas. Otra vez, quienes más pierden son las personas mayores”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Impacto desproporcionado en las mujeres

Si bien la norma va a tener impacto en todas las personas que no tengan aportes suficientes debido a la informalidad y trayectorias personales específicas, tendrá uno desproporcionado sobre las mujeres.

Aunque el proyecto no modifica formalmente la edad mínima para jubilarse de las mujeres (60 años para ellas y 65 para los varones), en la práctica lo hace, ya que la mayoría tendrá que esperar hasta los 65 años para acceder a la prestación de retiro proporcional o a la ya existente Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM). Esto se debe a que apenas el 13% de las mujeres de entre 55 y 59 años de edad cuenta actualmente con más de veinte años de aportes.

Según el INDEC en 2021 las mujeres asignaban en promedio seis horas y media al día a realizar trabajo no remunerado, a diferencia de las tres horas y cuarenta minutos dedicadas por los varones.  A su vez, el porcentaje de mujeres que realizaba este tipo de tareas era del 91,7%; superior al 75,1% registrado en los varones.

Las desigualdades en el mercado laboral y en las trayectorias de millones de mujeres deben ser reconocidas y reparadas a través de un mecanismo que garantice su acceso al sistema previsional en condiciones de igualdad.

Las jubilaciones, castigadas por el ajuste fiscal del gobierno

En un contexto de años de pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, resulta preocupante que las medidas de gobierno no brinden una solución urgente para garantizar condiciones de vida digna a los y las jubilados.

La caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por el gobierno de Milei desde su asunción. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 ($ 3.869.000 millones, a pesos de febrero) estuvo explicada en un 43% ($ 1.682.000 millones) por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% en comparación con el primer bimestre de 2023. Esto demuestra que, lejos de haber recaído sobre la “casta”, una significativa parte del ajuste en curso se sostiene en la licuación de los ingresos de los adultos mayores.

A partir de todo ello, Amnistía Internacional señala que una reforma jubilatoria debe, como mínimo, garantizar que las todas las medidas que se tomen mejoren de forma sustantiva las condiciones de vida de los adultos mayores y que aseguren el acceso a recursos y servicios de calidad. Asimismo, deben repararse las desigualdades históricas en las trayectorias de vida y el mercado laboral informal de millones de personas, principalmente mujeres, para garantizar su acceso a prestaciones previsionales en condiciones de igualdad. Por último, el monto de las asignaciones debe aumentar progresivamente hasta el máximo de los recursos disponibles y atender particularmente la situación de aquellos titulares que cobran la jubilación mínima.