Libertad de expresión bajo ataque: violencia, insultos y denuncias contra periodistas

En el Día del Periodista, Amnistía Internacional recuerda que los periodistas son defensores de derechos humanos y que su labor es una piedra angular de la democracia, cuya robustez se sustenta en la pluralidad de voces y las críticas constructivas en pos de lograr una sociedad diversa. Advierten del ataque a periodistas por parte de quienes forman parte de un gobierno que ha hecho de la idea de libertad su identidad. Sin embargo, es justamente la libertad de expresión la que se pone en juego y peligra con este tipo de conductas.

Un relevamiento de Amnistía Internacional advierte que, en 180 días de gestión, el presidente Javier Milei atacó a más de 20 periodistas y personalidades de la cultura. Es decir, al menos una agresión cada 10 días. Estas embestidas provienen de distintos funcionarios que forman parte de un gobierno que justamente ha hecho de la idea de libertad su identidad. Sin embargo, es justamente la libertad de expresión la que se pone en juego y peligra con este tipo de conductas.

Periodistas de diversos ámbitos, medios y líneas editoriales han recibidos insultos, adjetivos calificativos estigmatizantes e incluso denuncias judiciales por parte de integrantes del gobierno.

De hecho, el miércoles pasado se conoció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por “instigación a cometer delitos”. Cabe señalar que la denuncia contra la comunicadora, si bien fue desestimada, había caído por sorteo en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el candidato del gobierno a ocupar una de las dos vacantes de la Corte Suprema.

Este tipo de maniobras son de una profunda gravedad institucional y dan cuenta de la intolerancia del oficialismo a recibir críticas, pues en todos los casos las reacciones han sido contra voces que revelaron diferencias con el relato gubernamental. En el caso de Nancy Pazos, por ejemplo, el enojo fue por su opinión sobre los alimentos que no repartió el Ministerio de Capital Humano y tenía guardado en galpones. Al enterarse de la denuncia, Pazos manifestó en redes: “Cúneo Libarona me acusa ante el juez Lijo y pide 6 años de prisión para mí. ¿El delito? Opinar”.

“Percibimos una atmósfera de hostilidad e intolerancia que es preocupante. Cuando quien está al frente de estos ataques son funcionarios o el propio presidente de la Nación, no solo se genera un clima de intimidación. También se amenaza el derecho a la libertad de expresión ya que los escraches, presiones, señalamientos y acusaciones generan el efecto de censura y silenciamiento de voces", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El mes pasado, el gobierno argentino firmó una declaración internacional, protectora de la libertad de expresión que sostiene la importancia de la existencia de medios de comunicación “libres, independientes, plurales y diversos”. Sin embargo, a nivel local no solo ataca a periodistas, sino que, incluso, se conocieron episodios de censura. El 11 de abril, periodistas del canal oficial Diputados TV fueron interrumpidos al aire mientras informaban sobre hechos de interés público y trascendencia en la Cámara Baja.

El derecho a la libertad de expresión, además de proteger la labor periodística, garantiza y sustenta el derecho de la ciudadanía a saber y a acceder a la información de interés público. La libertad de expresión, de recibir y hacer circular información, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y por tratados a los que el Estado argentino suscribe y que, por tanto, tiene la obligación de cumplir.

En el Día del Periodista, Amnistía Internacional recuerda que los periodistas son defensores de derechos humanos y que su labor es una piedra angular de la democracia, cuya robustez se sustenta en la pluralidad de voces y las críticas constructivas en pos de lograr una sociedad diversa. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades en un estado de derecho.