Los Estados “deben velar para que se conozca la verdad sobre lo sucedido y el destino de las víctimas, y para que nunca más se repitan las graves violaciones a los derechos humanos”, indicaron los organismos en un comunicado difundido este domingo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el organismo internacional “llaman a los Estados a cumplir con las sentencias judiciales que condenan a quienes resultan responsables por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales”. Según aseguran en un comunicado de prensa, algún tipo de beneficio o reducción de la condena representa una “falta grave impunidad”.
El texto explica que algunos países son importantes ejemplos en materia de investigación y sanción de estos crímenes. Pero aseveran que “los avances son aún escasos respecto a la cantidad de casos ocurridos en dictaduras y conflictos armados”.
Además, detallaron que “se vienen observando diferentes medidas que impiden, limitan o afectan la ejecución de las penas determinadas en las sentencias condenatorias emitidas. En concreto, se advierten iniciativas legislativas que, de manera genérica, procuran indultar a perpetradores o alterar el régimen de cumplimento de la pena con base en la edad de la persona privada de libertad. La Comisión y el Relator Especial de la ONU también han tomado conocimiento sobre algunas decisiones judiciales que otorgan indebidamente ciertos beneficios, como la reducción anticipada de la pena, la libertad condicional o el arresto domiciliario, sin la constatación efectiva de los requisitos legales y convencionales indispensables”.
Desde la Comisión insisten que la evaluación de un beneficio para los acusados en delitos de lesa humanidad requiere de evaluaciones particulares y solo debe ser aplicada en “casos extremos”. “Ello comprende tomar en cuenta el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones. Por su parte, el Experto de la ONU ha recomendado que los indultos humanitarios solamente procedan para casos de enfermedad terminal de resolución inminente”, amplían.
Por último, llaman a los Gobiernos a “no otorgar privilegios o beneficios arbitrarios en favor de las personas condenadas por estos graves delitos ni cualquier medida que impida o afecte indebidamente la ejecución de las sanciones establecidas judicialmente”. Y pidieron que los Estados velen “para que la justicia acabe con la impunidad, se conozca la verdad sobre lo sucedido y el destino de las víctimas, y para que nunca más se repitan las graves violaciones a los derechos humanos”.
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