Moreno: “Hace falta un Comité de Emergencia con capacidad para reaccionar a tiempo”

En medio de la expansión del coronavirus, el abogado y economista fueguino Luis Moreno, autor de la ley que creó el Consejo Social de Tierra del Fuego y de los libros “La Deuda de Tierra Del Fuego” y “Cómo salir de la crisis”, entre otros, en dialogó con “Pal’Sur” brindó una visión acerca del contexto que atraviesa el país y la Provincia.

En este sentido, dio a conocer  las medidas que a su entender  el Gobierno provincial podría tomar para hacer frente a la crisis financiera que genera la emergencia sanitaria.
 
Pal’Sur: ¿Cuál es el impacto de la pandemia en Tierra del Fuego?
Luis Moreno: En primer lugar, esta crisis, que es global, no puede analizarse como una foto porque es profundamente dinámica. Hoy la pandemia, en términos sanitarios y económicos, se encuentra en plena evolución y por las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud la vacuna tardará no menos de un año y medio para que se produzca en escala. Es decir que nuestro país, y en ello Tierra del Fuego, no podrá tomar un ritmo normal antes de ese plazo porque podríamos caer en un rebote. Es claro, como lo ha expuesto nuestro presidente, que vamos a ingresar en un proceso de aislamiento administrado en el cual se flexibilizarán medidas para algunas actividades económicas y, seguramente, el gobierno provincial seguirá de cerca el pedido de flexibilizaciones sectoriales que eventualmente se presenten.
PS: Muchas provincias han convocado a sectores sociales. Usted, como autor de la ley provincial que creó el Consejo Económico Social de esa provincia, ¿estima que puede ser un instrumento adecuado?
LM: No creo que sea el organismo correcto. Los Consejos Económicos Sociales surgieron para atender las necesidades de la posguerra y básicamente eran deliberativos. Hoy estamos en guerra. Aquí lo que hace falta es  un Comité de Emergencia con capacidad para reaccionar a tiempo. Hay que advertir que trabajar sobre la situación requiere de la convergencia de instituciones, organizaciones sociales y económicas, porque las medidas que hay que tomar son extraordinarias y deberán responder a las necesidades del día a día. Por otra parte, se tienen que evaluar  las principales variables que definirán el camino a seguir.
PS: ¿Cuáles son esos presupuestos?
LM: En primer término, la duración probable de la emergencia, porque de ello dependerá como nos preparamos como sociedad. En segundo lugar, los recursos con que se cuenta para atender la crisis, sin perder de vista que Tierra del Fuego ha deteriorado la recaudación interna al igual que la coparticipación en un 50 por ciento, y los hidrocarburos, que explican las regalías, han perdido el 40 % del valor promedio de los últimos cinco años y, en tercer término, el grado de deterioro  de cada sector económico. Esto necesariamente debe hacerse por separado porque los impactos no son simétricos.
PS: Pero es muy complejo estimar lo que va a pasar.
LM: Por supuesto, pero no podemos movernos a ciegas. Es importante tener un diagnóstico de dónde va a estar parada la economía en el 2021 porque de ello depende la profundidad de las medidas que hay que tomar. No es un ejercicio teórico;  sino que la provincia tiene que orientar los escasos recursos en la dirección correcta y necesita fijar un horizonte.
PS: El Gobierno nacional está ayudando a las provincias, ¿alcanza?
LM: Hay que destacar el esfuerzo realizado para dar respuesta al impacto económico que genera la emergencia sanitaria como los REPRO, el seguro de desempleo, la asistencia social, la distribución de alimentos, la postergación de pagos e impuestos, la contención de precios y tarifas, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas serán difíciles de sostener en el tiempo.
PS: Es probable que el Congreso sancione próximamente un impuesto a la riqueza.
LM: Es una ley importante que permitirá recaudar, de acuerdo a estimación de sus impulsores, 3.500 millones de dólares. Pero esto no resuelve el problema. Argentina pierde 500 millones  de dólares diarios. En nuestra provincia los sectores industrial, comercial y de servicios se encuentran paralizados, y este último, que absorbe el 40 por ciento de la fuerza laboral privada de Tierra del Fuego, tendrá que atravesar, en el mejor de los casos, un periodo no inferior a un año para volver a la normalidad y ello involucra hotelería, gastronomía, esparcimiento y el conjunto de servicios orientados al turismo. 
PS: ¿Tiene posibilidad Tierra del Fuego de obtener recursos extraordinarios?
LM: Ese es el punto en cuestión. De dónde obtener recursos. Indudablemente el gobierno provincial deberá tener un rol preponderante para llevar adelante acciones que mitiguen el impacto sobre la economía y sobre la gente, ya sea mediante subsidios privados o incentivos a empresas, como lo está haciendo. El problema aquí es que será muy difícil obtener empréstitos y en caso que eso fuera así como pagarlos. La emisión de bonos es una alternativa que puede sonar muy buena pero la profundidad de la crisis necesita la obtención de recursos genuinos. Personalmente, creo que hay que trabajar sobre el impuesto a  la  Intermediación Financiera, que ha sido desgravada años anteriores en nuestra provincia como consecuencia de la adhesión al Pacto Fiscal. Además hay que rever la Tasa de Verificación de Procesos Productivos para que una vez que se ponga en marcha la industria electrónica haga su aporte.
PS: ¿Esas medidas tendrán consenso entre las actividades que señala?
LM: El consenso sectorial para tomar medidas en una situación de emergencia no es excluyente. Los bancos en Argentina, y particularmente en nuestra provincia, han tomado ganancias impresionantes. Para tener una idea, el costo del uso de tarjetas de créditos le cuesta a nuestro comercio un porcentaje que equivale a la mitad de lo que paga por Ingresos Brutos. Con respecto a la industria, la cuestión tiene una lógica que se explica en la naturaleza de los hechos ya que lo que se recauda  estará destinado a preservar el capital humano de la Provincia y entre ellos a sus obreros. Además debe considerarse que el motivo de creación y la base conceptual de la ley 19.640 es la población fueguina. Las empresas que operan en el marco de la ley son un medio para lograr ese fin.
PS: ¿Qué es lo que pasa con el gasto político que tanto debate genera en todos lados?
LM: El gasto político, empezando por la remuneración de los funcionarios, no es un tema que deba analizarse desde lo financiero.  Hay que analizarlo desde principios básicos de solidaridad. Por ello deberían hacer un aporte significativo. Además  debería considerarse una detracción progresiva y escalonada, con carácter temporario, en un porcentaje de base, ejemplo 2%, que abarque a los dependientes de los tres poderes del estado, empresas estatales y organismos descentralizados, que partan de un piso; ejemplo 70.000 pesos.
PS: ¿Incluido jueces?
LM: Por supuesto.
PS: ¿No es inconstitucional una medida de esta naturaleza?
LM: El principio de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados es un derecho que establece la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan, por medio de maniobras salariales, afectar esa garantía; pero ese derecho, como todos los que consagra la Constitución, no es absoluto. El problema al que nos enfrentamos no es ni por cerca la autonomía de la justicia. Es una emergencia de niveles incalculables. Incluso no creo que se nieguen. Ellos son conscientes de la situación.
En definitiva. Que un empleado público que gana más de 70.000 pesos pague una carga pública del 2 por ciento y que ello aumente progresivamente, no me parece desmedido para quienes tienen mayores ingresos. Ni tampoco que ello ponga en riesgo el equilibrio de los poderes. Lo que debe tenerse en cuenta es que los únicos equilibrios que hoy están en juego  son la vida de las personas y la satisfacción de principios básicos de subsistencia. Además que, en una sociedad organizada, todos sus miembros deben ser  solidariamente responsables.
PS: ¿Cree usted que sus propuestas pueden tener consenso?
LM: Es posible. He participado en el proceso de sanción de leyes de emergencia, incluso en la creación del denominado Fondo de Inversiones para la nueva Provincia, que sentó las bases del gravamen a la industria fueguina, pero ninguna de las crisis que se enfrentaba en esas circunstancias es comparable con la que hoy tenemos. Todas ellas atacaban el problema de las finanzas públicas. Hoy estamos ante un escenario mucho más profundo y complejo. Porque el desfinanciamiento es catastrófico y porque la crisis recorre todos los sectores de la sociedad sin que quede nadie afuera. Y lo que es más grave, la proyección temporal indica que durará bastante tiempo.
PS: ¿Han tomado otras provincias medidas similares?
LM: Que tenga conocimiento no. Pero cada provincia se encuentra en una situación distinta. Tanto desde el punto de vista de sus cuentas públicas como de su sistema productivo. Pero hay alertas muy fuertes. Santa Fe ya anunció que en el mes de mayo no puede pagar sueldos y Córdoba ha lanzado bonos para pagarle a proveedores y títulos para cancelar deudas impositivas, en tanto que otras provincias ya hablan de cuasimonedas. Si bien el poder central ha asistido con 120.000 millones esa ayuda tiene el límite de las cuentas nacionales.
La clave, desde mi punto de vista, es obtener recursos para mantener de la mejor manera posible el aparato productivo, comercial y de servicios, mantener el empleo, desarrollar obras de alta demanda laboral, apoyar a los cuentapropistas y asistir a las familias fueguinas en riesgo. Esto está lejos de terminar y se necesita que todos contribuyamos solidariamente.