Multisectorial de Derechos Humanos Ushuaia repudió la detención arbitraria e ilegal de una familia

Las organizaciones que integran la Multisectorial de Derechos Humanos Ushuaia, denunciaron y repudiaron la detención arbitraria e ilegal y los hechos de tortura a los que sometió la Policía a Mariana Quisver y sus familiares.

 
El hecho sucedió el martes 2 de noviembre cuando una familia de Ushuaia fue detenida por la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego de “forma intempestiva, ilegal, discriminatoria y abusiva al salir del cementerio “Parque del Mar” de la Ciudad de Ushuaia”.
 
Ese día la familia Quisver estaba retirándose de la celebración del Ayamarkayquilla (o Día de los Muertos) en el Cementerio Parque del Mar. Mientras guardaban sus instrumentos, con los que habían amenizado musicalmente la ceremonia, llegaron dos patrullas e hicieron bajar a las personas del auto. Luego les dicen que van a llevar detenidos a la familia por estado de ebriedad. Allí Mariana les explica que estaban saliendo de la celebración del Ayamarkayquilla y que estaban guardando los elementos para irse en taxi, a lo que la policía hizo oídos sordos y avanzó con la detención. Mariana al ver a su padre y hermano siendo detenidos, y no entendiendo el atropello insistió en que no estaban cometiendo delito alguno e inmediatamente recibió un empujón de parte de la única mujer policía que participaba del operativo, quién la esposó mientras le apoyaba la rodilla en la espalda. Al mismo tiempo se abalanzó sobre ella otro policía que colocó su rodilla en el cuello (técnica nefasta de asfixia que se hizo muy conocida en el video que mostró el abuso policial hacia George Floyd, el afroamericano asesinado con la aplicación prolongada de esa técnica y que terminara con su vida, en Mineápolis  EE.UU).
Mariana gritó con desesperación porque no podía respirar.
La levantaron entre dos oficiales del pelo y la metieron al patrullero, esposada de tal forma que le cortaban la circulación en las manos. Un oficial la recostó en el asiento y se le sentó en la cabeza de forma tal que casi la asfixió nuevamente. Ante cada grito desesperado de Mariana los oficiales más apretaban sus manos y la presión sobre su cabeza. La imagen a tener en cuenta en ese momento es fundamental: ella estaba esposada por la espalda, acostada con la cabeza apoyada en el asiento y un policía sentado sobre su cabeza, mientras la mujer policía le presionaba las manos infringiéndole dolor de manera intencional. Una persona que no representaba ningún peligro para nadie, indefensa,  escoltada por policías dentro de un patrullero, sometida físicamente de manera abusiva, ilegal y obviamente innecesaria para el objeto de la detención y con único fin de lastimar y torturar.
Su padre y hermano fueron trasladados en otro patrullero. A ella la llevaron a la guardia del Hospital Regional de Ushuaia, donde la bajaron esposada y con las calzas a mitad de la cola.
Cuando le solicitó a la oficial que se las subiera, no lo hizo, dejándola así durante 20 minutos hasta que la atendieron.
Ingresó a la guardia y le contó todo a la médica, indicando el miedo a volver a la patrulla. Lo único que atinó a decir la Dra. fue que ella solo estaba para “constatar lesiones”. Lo que representó un abandono de persona por parte de la médica, que advertida del temor de Mariana a que el maltrato continuara, no hizo nada y la dejó en custodia de quienes la habían sometido a tortura física y psicológica.
Se verificó que tenía los brazos entumecidos, el brazo izquierdo inmovilizado, las rodillas lastimadas con heridas de sangre, moretones, heridas en el dedo índice. La inyectaron con un calmante para el dolor. Nunca le hacen un test de alcoholemia.
Dentro de la patrulla Mariana solicitó información de sus familiares. La respuesta del oficial (el mismo que la asfixió) fue: “me chupa un pingo tu hermano” y se rieron de ella.
La incomunicaron durante todo el procedimiento, nunca la dejaron ir al baño ni le dieron agua, nunca le hablaron del motivo de la detención. En la comisaría, a la hora aproximadamente de su detención, se encontró con su padre y media hora después con su hermano.
 En el transcurso del encierro los insultaron, los molestaron, los trataron de “sucios”, “indios”, “bolitas”. Les afirmaron que los encerraban porque eran bolivianos, se rieron de su apellido quechua, de su forma de hablar, y les dijeron que volvieran a su país, aunque tuvieran DNI argentino como si ser de otra nacionalidad se le deba someter a terribles vejaciones. No tendría que ser necesario aclarar que Mariana es nacida en Ushuaia y su familia, argentina oriunda de Jujuy, pero como ella afirma su origen es ancestral, anterior al de las fronteras que dividen nuestros estados.
Ella estuvo más de cinco horas detenida. Su padre y hermano unas nueve horas. Les negaron copia de las actas de liberación, alguna constancia de los motivos y las pericias médicas. Hubo maltrato de todo tipo. Hubo discriminación y tortura.
Hasta ahora nadie ha explicado claramente lo que sucedió. La detención de Mariana se habría producido baja la figura de “Edictos Policiales”, herramienta de detención arbitraria y violatorios de las garantías constitucionales que como Multisectorial de Derechos Humanos ya hemos denunciado como ilegal y contraria a los principios básicos del derecho, declarados inconstitucionales el pasado 15 de julio en un fallo del STJ (Superior Tribunal de Justicia de TDF). Como ya hemos denunciado, es urgente el cese del uso de los Edictos Policiales para el castigo y sometimiento por parte de las fuerzas.
La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía, y por tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos tomó intervención el fiscal mayor de Ushuaia, Dr Eduardo Urquiza, quien en el día de hoy firmó un “requerimiento de instrucción” en el que acusó a los policías investigados. Por tal motivo los efectivos policiales (unos 19) fueron imputados por los delitos de “lesiones leves, apremios ilegales y abuso de autoridad”.
Si bien es un avance auspicioso de que la denuncia no queda cajoneada, exigimos al Gobernador Gustavo Melella, a través de su Ministra de Gobierno y Justicia Adriana Chaperón y a su Secretaría de Derechos Humanos, investigue y separe de la fuerza a los agentes que hayan participado de tamaña atrocidad mientras se desarrolla la investigación, como así también se brinde la protección de las víctimas de torturas por parte del Estado tal como lo dictamina la Ley 26.827 y cctes. “Convención contra la Tortura”.
Solicitamos que el INADI actúe ante la institución policial para que los y las oficiales que participaron de la razia sean sancionados, ya que por lo expuesto por la familia torturada, claramente sus dichos y métodos denigrantes están dirigidas al color de la piel de lxs detenidxs (racismo).
Convocamos a las organizaciones y a la sociedad civil en general a acompañar este comunicado de denuncia y repudio ante los aberrantes hechos sucedidos, como así también a solidarizarse con las víctimas.

Ver:    Imputaron a 19 policías por la detención ilegal de una familia en Ushuaia