Promueven derogar ley que criminaliza a las madres protectoras de niñas y niños abusados

Legisladoras, madres protectoras y organizaciones que luchan contra la violencia sexual a niñas y niños presentaron un proyecto para derogar la ley de Impedimento de Contacto vigente desde 1993, por considerar que se utiliza para criminalizar a quienes acompañan a las víctimas en sus denuncias de abuso intrafamiliar y ordenar revinculaciones forzadas con los agresores.

Legisladoras, madres protectoras y organizaciones que luchan contra la violencia sexual a niñas y niños presentaron un proyecto para derogar la ley de Impedimento de Contacto vigente desde 1993, por considerar que se utiliza para criminalizar a quienes acompañan a las víctimas en sus denuncias de abuso intrafamiliar y ordenar revinculaciones forzadas con los agresores.
 
"Esta ley se utiliza para castigar a las madres protectoras que llevan adelante denuncias de abuso sexual en defensa de sus hijes, con la consecuencia de que ellas terminan privadas de su libertad y el niño revinculado forzosamente con el adulto que lo abusó", dijo a Télam la diputada Mónica Macha, que presentó el proyecto.
 
Daniela Dosso, madre protectora e impulsora de la campaña 'Alerta por Martín', explicó que en muchas ocasiones la imputación del delito de "impedimento de contacto" por parte de una expareja "logra poner al victimario a la par de la mujer que lo denunció, que lo único que quiere es proteger al hijo".
 
Cuando a una denuncia de abuso sucede una contradenuncia por impedimento de contacto y la Justicia ordena el restablecimiento del régimen de visitas, algunos jueces y juezas suelen basar su decisión en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), un constructo desestimado por la Organización Mundial de la Salud y el manual DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría.
 
Además, contra el SAP se expresó de manera contundente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y 85 referentes en temas de infancia.
 
"Frente a las denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, una parte importante del Poder Judicial procede de formas que resultan en el encubrimiento de ese abuso", dijo Macha, quien remarcó que "se aplica el inexistente SAP -que no tiene basamento científico ni psiquiátrico- y se recurre al argumento de 'implantación de falsas memorias'".
 
En paralelo a esto, pero obrando en el mismo sentido, "aparece el 'backlash' que es una embestida de ese sector del Poder Judicial contra profesionales que certifican el abuso", añadió.
 
Esto ocurre con profesionales de la medicina, la psicología o la psiquiatría, quienes ven peligrar su matrícula y son sometidos a procedimientos judiciales como el allanamiento de sus consultorios o la propia imputación penal, tal como denunciaron en reiteradas oportunidades.
 
"En este contexto, decimos que es necesario derogar la ley de Impedimento de Contacto porque plantea que aquella madre o padre que corta el contacto (porque su hija o hijo reveló abusos) incurre en un delito, terminando imputadas y hasta detenidas", apuntó la legisladora.
 
Sancionada el 3 de noviembre de 1993 a instancias de la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), la ley 24.270 incorporó al Código Penal dos nuevos delitos: la obstrucción de contacto de menores de edad con sus padres no convivientes y la mudanza del domicilio del hijo o hija sin autorización judicial.
 
La norma prevé una pena de prisión de un mes a un año para aquel "padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con su padre no conviviente", sanción que se ve agravada con la escala de 6 meses a tres años "en caso de un menor de 10 años" o con discapacidad.
 
Las mismas penas recaerán sobre "el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial".
 
Las críticas surgidas ya en el debate parlamentario de esta ley se fortalecieron durante estos 30 años de vigencia y la propia Defensoría General de la Nación se expresó por su derogación.
 
Esos cuestionamientos señalan que "profundiza los conflictos", que está dirigida a "criminalizar a las mujeres", que funciona en tándem con el inexistente SAP, que puede ser utilizada como una "prolongación de las violencias preexistentes" tanto en la madre como en el hijo o hija, y que es discriminatoria porque no prevé que el progenitor no conviviente pueda incurrir en el mismo delito.
 
El nuevo proyecto de ley presentado a comienzos de septiembre fue elaborado en el marco de la Mesa Contra el Abuso Sexual a Niñxs y Adolescentes que integran más de cincuenta organizaciones, como la Asociación Mujeres Juezas Argentina (AMJA), Actrices Argentinas, APDH, Casa Fusa, FEIM, Shalom Bait e Infancias Libres de Violencias.
 
"Mi hijo Martín me contó sobre los abusos en febrero de 2021, a los siete años. Apenas hago la denuncia, me pasa lo mismo que todas: el juez no dispone una medida de protección de mi hijo y como el progenitor lo quería venir a buscar, yo me tuve que exiliar de mi casa", contó Dosso.
 
La perimetral salió más de dos semanas después, cuando ella hizo intervenir a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, pero para entonces su expareja ya le había hecho una contradenuncia por impedimento de contacto y falsedad ideológica.
 
Además, el cuerpo médico forense dijo en su informe que "no ve signos de abuso siendo que en las fotos se ven perfectas las lesiones", y cuando un mes después se disponen nuevas pericias que dan cuenta de esas huellas, el agresor es sobreseído con el argumento de que el niño no pudo señalarlo como su victimario en las entrevistas de Cámara Gesell.
 
"Entonces él me denuncia a mí por abuso sexual de mi hijo. Pero con la campaña 'Alerta por Martín' lo que logramos fue recusar al juez, que se revoque el sobreseimiento del imputado y se reactive la investigación penal", contó.
 
Mientras tanto, el niño sigue con Daniela y está vigente "una medida de protección contra el agresor mientras dure el proceso de instrucción" que según la mujer ya acumula pruebas "para llamarlo a indagatoria, procesarlo y elevarlo a juicio oral".
 
Otros casos paradigmáticos son el de Gilda Morales -que pasó dos meses en prisión y no tiene contacto con su hijo desde hace dos años- o el de la niña Sol que está al cuidado de la madre de su abusador mientras que su mamá tiene impedimento judicial para tener contacto con ella.
 
"Algunos jueces usan esta ley como herramienta para dejar a la mujer como victimaria y generar un escenario de paridad de condiciones con dos imputados, papá por abuso y mamá por impedimento de contacto. Se ofrece así la posibilidad de resolver el conflicto de manera salomónica: sobreseer a papá porque no hay pruebas -que sí las hay, pero las encubren- y también a mamá dejando a la víctima totalmente desprotegida", añadió Dosso.
 
En otros casos, "el resultado final de esta receta siniestra es aún peor porque el agresor termina sobreseído pero a ella le quitan la tenencia porque 'es una madre toxica"", insistió.
 
"Si nosotros logramos derogar esta ley, para otras instancias habrá que pensar cómo se interviene en esas situaciones (de conflicto sobre el régimen de visitas), pero no es penalizando así, máxime cuando se utiliza de esta forma y termina siendo un arma contra las madres protectoras", concluyó Macha.