Luego de recibir una denuncia anónima a través de la línea telefónica gratuita 145 y tras dos años y cinco meses de investigación, Gendarmería, en conjunto con otras instituciones, lograron rescatar a tres mujeres en situación de vulnerabilidad y dar con la presunta responsable, que quedó supeditada al trámite de la causa penal que se instruye.
Durante este fin de semana, por disposición del Juzgado Federal de Río Grande, efectivos del Escuadrón 62 “Río Grande”, allanaron un domicilio que había sido eje de investigación tras una denuncia recepcionada por la Fiscalía Federal de Río Grande en diciembre de 2018, fecha en la cual la misma, orienta al Personal de la Fuerza a realizar tareas de investigación en pos de confirmar la existencia del hecho ilícito de explotación sexual y obtener datos de los posibles autores.
Las investigaciones realizadas por los gendarmes permitieron delinear la hipótesis de que en el domicilio denunciado funcionaría un local de los denominados “privados”, en el cual se llevarían a cabo actividades de comercio sexual.
Basados en esta hipótesis, los funcionarios requisaron el domicilio, con la intervención de profesionales de la Dirección de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a fines de asistir a las presuntas víctimas que se encontraran en el lugar.
Fue así que al ingresar, encontraron a cuatro mujeres mayores de edad, de nacionalidad dominicana, una de las cuales sería la responsable investigada, y que según las investigaciones telefónicas realizadas, estaría vinculada por su accionar concordante a las maniobras desplegadas en orden de infracción a la Ley 23.364.
Dentro del domicilio, también se encontraron distintos indicadores que permitirían constatar la existencia del ilícito de explotación sexual, tales como la cantidad de bebidas alcohólicas, tres habitaciones revestidas en cartón corrugado y dispositivos de almacenamiento tipo pendrives y herramientas para el cobro con tarjetas de crédito o débito.
Las tres mujeres, de 27, 37 y 38 años de edad fueron asistidas y contenidas por el equipo interdisciplinario de la Dirección de Políticas de Género.
Asimismo, por orden del Magistrado interviniente se secuestraron un teléfono celular, siete pendrives, dos points de pago, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. La principal involucrada –responsable del lugar- quedó supeditada a la causa penal que se instruye.
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