Tribunal sentenció que la jura de Áñez fue inconstitucional porque no existía vacío de poder

La asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, en noviembre de 2019, tras la salida del gobierno de Evo Morales, fue inconstitucional porque no existía vacío de poder ni sucesión institucional, concluyó hoy el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la máxima autoridad en materia de resguardo del estado de derecho del país.

 
"La sentencia del TCP 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo vacío de poder ni sucesión constitucional en la autoproclamación de Jeanine Añez, el 12 de noviembre de 2019", informó el propio tribunal en un comunicado.
 
El TCP informó que su razonamiento se basó en su propia sentencia sobre un recurso que enfrentó a Susana Rivero y Margarita Fernández Claure, quienes en noviembre de 2019 eran respectivamente vicepresidentas primera y segunda de la Cámara de Diputados, cuya jefatura había quedado vacante.
 
Ya habían renunciado, además de Morales, el vice Álvaro García Linera, la titular del Senado, Adriana Salvatierra, y el de Diputados, Víctor Borda.
 
En aquella controversia, el TCP falló a fines de septiembre que "el reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste el cargo de presidente o presidenta", dice el comunicado, reproducido íntegramente por la estatal agencia ABI y el diario paceño Página Siete.
 
Para el cuerpo, entonces, Rivero conservaba su condición de responsable de Diputados, porque su renuncia nunca fue tratada por el pleno.
 
El fallo de hoy choca con uno que el mismo TCP emitió el 12 de noviembre, con una interpretación jurídico-legal opuesta: avaló la proclamación de Áñez, aunque no se hubiera reunido quórum para elegirla, porque “el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido”, por lo que el siguiente en la línea sucesorial asume “ipso facto” la presidencia, según dijo entonces en un comunicado.
 
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras ser proclamada sin quórum en un acto en el Senado el 12 de noviembre de 2019, horas después de que Morales abandonara el país tras haber renunciado dos días antes denunciando que había sido víctima de un golpe de estado.
 
La mandataria de facto gobernó hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el ahora presidente Luis Arce, correligionario de Morales y ganador de las elecciones del 18 de octubre de ese año.
 
Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de "sedición, terrorismo, conspiración y genocidio", entre otros delitos relacionados con la represión de manifestaciones ocurridas en los días de la salida de Morales y su asunción.
 
El cargo de genocidio surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
 
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, a los que calificó de "masacres".
 
También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.
 
El fallo de hoy no es el único que celebró el oficialismo esta semana, en pleno cruce de acusaciones, paros y movilizaciones con la oposición: la justicia también confirmó el cierre de la llamada “causa fraude”, que investigaba la limpieza de los comicios que ganó Morales y que fueron la base para las protestas antigubernamentales.
 
Esas manifestaciones, más la presión de las Fuerzas Militares y la Policía y el accionar de comités cívicos opositores, terminaron con la destitución de Morales.
 
El miércoles, la Fiscalía dispuso cerrar la causa y sobreseer a las autoridades electorales de entonces, y la Procuraduría General del Estado concluyó hoy con la revisión de actas de esos comicios y sentenció que “quedó demostrado que no hubo fraude”, según explicó el procurador Wilfredo Chávez.
 
“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado; puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró el funcionario.
 
Desde la vuelta al sistema democrático, oficialistas y opositores suelen cruzar acusaciones en actos públicos y, varias veces, en el Congreso mismo: “golpe, golpe”, se grita de un lado, y “fraude, fraude” se replica desde el otro.
 
A las causas contra Áñez, el Ejecutivo de Arce planea sumar otra acusación, esta vez por el llamado “caso gases lacrimógenos”, que busca vincular un crédito que logró la exmandataria para comprar una casa de 100.000 dólares con el exministro Arturo Murillo y Sergio Rodrigo Méndez –los dos presos en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción- como garantes con la compra de gases con sobreprecios.
 
Según investigaciones citadas por ABI, la exmandataria accedió al crédito en dos partidas, que coinciden con la fecha en la que se adquirió gases lacrimógenos con sobreprecios, causando un daño económico al Estado de alrededor de 2,3 millones de dólares.
 
“En menos de 30 días, se le habría otorgado dos créditos por más de 50.000 dólares americanos; se otorgó más de 100.000 dólares para la compra de un bien inmueble y los garantes eran el señor Arturo Murillo y el señor Rodrigo Méndez, justo en la fecha en que se realizaban los desembolsos de la compra de los gases lacrimógenos”, manifestó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.