Vicepresidenta presentó recusación contra la jueza Capuchetti por "dependencia" del Gobierno porteño

La vicepresidenta Cristina Fernández volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una "dependencia" del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, según informó hoy en sus redes sociales.

"Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", señaló la exmandataria en sus redes sociales.

Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación "en épocas de derechas violentas", en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan a la vicepresidenta, sostuvieron que "el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA".

"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana", indicó el texto.

Y señaló: "Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a 'Investigadora Senior' (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como 'Investigadora Senior' del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más".

En la presentación se indicó que "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".

Los letrados de la vicepresidenta señalaron que "las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo".

También observaron los representantes legales de la expresidenta que la "autoridad política" de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, lo cual "tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra".

"Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida".

Los abogados afirmaron que "en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar" en la causa por el atentado.

Los letrados expresaron que "está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva".

La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada "Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa", que la tiene como querellante.

Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como "irregularidades y arbitrariedades" cometidos por la jueza "desde el primer día" de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.