Villegas: Hay que poner “en agenda pública, la necesidad de una nueva unidad carcelaria” para Tierra del Fuego

El Comité contra la tortura sesionó en Río Grande, en lo que dicta el marco de la Ley Provincial Nº 857. El presidente de ese espacio, legislador Pablo Villegas (MPF), informó que aprobaron el Reglamento Interno de funcionamiento y además, los integrantes conocieron detalles sobre las distintas acciones que llevó adelante su Presidente en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT).

Con posterioridad, visitaron la unidad de detención N° 1 de Río Grande, momento en que accedieron a detalles sobre el sistema carcelario fueguino.
 
 
 
El encuentro se celebró en la ciudad que contiene a “la unidad carcelaria más importante de la Provincia”, dijo Villegas, al tiempo que entendió que la oportunidad sirvió para conocer la realidad de la Unidad N° 1 de la Ciudad norte.
 
 
 
En tanto, aprobaron el acta del primer encuentro del Comité de Evaluación del Seguimiento  y Aplicación de la Convención  Contra la Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos  o Degradantes y aceptaron el cargo de secretario en la figura del legislador Federico Greve y la vicepresidencia, en la referente de las ONG, Analía Castonjauregui, a los efectos de dar participación con miras a la representatividad de género.
 
 
 
Durante al sesión que se llevó adelante en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), los miembros fueron puestos en conocimiento de “un convenio de cooperación que suscribí en Buenos Aires, en mi carácter de Presidente de este espacio”, aclaró el Legislador y continuó: “La idea es aprovechar el recorrido institucional que tiene el Comité Nacional en la materia, para trabajar de manera conjunta y poder acceder a toda la estructura, administrativa, legal y educativa que posee ese entidad”. Cabe señalar que, de manera remota, participó la directora del área de Mecanismos Locales, Silvina Irrazabal e integrantes del equipo técnico de la CNPT.
 
 
 
“El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura fijó a través de una resolución nacional Nº 38/22, las condiciones de habitabilidad o de cupo que poseen los lugares de detención provisoria como una unidad carcelaria o lugares de encierre como puede ser una comisaría o alguna otra dependencia de esa características”, graficó en diálogo con Prensa Legislativa.
 
 
 
Asimismo, señaló que en el encuentro en la Unidad N° 1 solicitaron a las autoridades “datos que nos va a permitir, junto a un trabajo en el terreno que vamos a desarrollar en distintas unidades carcelarias de la Provincia, hacer un informe que presentaremos al Poder Ejecutivo de la Provincia”.
 
 
 
“Tenemos información que hay sobrepoblación carcelaria, hay mayor cantidad de   internos de la capacidad, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Entendió que en el norte de Tierra del Fuego, “se podría hacer un pabellón nuevo en función del terreno donde se ubica” la Unidad.
 
 
 
En relación a la falta de unidades carcelarias en Ushuaia, sostuvo que “mi idea es cooperar para que se resuelvan estos problemas” y reconoció las “limitaciones” que vive la capital en materia edilicia. Pidió “trabajar con todos los actores institucionales para que esa realidad se revierta y poner en agenda pública la necesidad de una nueva unidad carcelaria, no se beneficia solo a los internos sino que se beneficia a toda la sociedad”, cerró.
 
 
 
De la sesión, participaron los legisladores Pablo Villegas (MPF) y Federico Greve (FORJA); el juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume; el secretario de Justicia del Gobierno fueguino, Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y desde las ONG, los referentes José Piñeiro y Analía Castonjauregui; de manera remota lo hizo también, Florencia Villareal.
 
 
 
La Ley provincial N° 857 sancionada en octubre de 2011 y promulgada en noviembre de ese mismo año, estableció al creación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según el diario de sesiones de la época, los Legisladores y Legisladoras comprendieron que “es importante crear un ámbito de participación mixta, institucional y ciudadana” en pos de la aplicación de la Convención contra la Tortura.