El legislador Pablo Villegas (MPF), participó ayer de la conferencia “Estado Democrático de Derecho y Derechos Humanos en el siglo XXI”, a cargo del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Ricardo Pérez Manrique. La actividad se desarrolló en el salón de audiencias “Elena Rubio de Mingorance”, del Superior Tribunal de Justicia.
Pasadas las 15 h, los integrantes de máximo Tribunal le dieron la bienvenida al experto en DDHH ante un salón colmado de profesiones del derecho que se acercaron al salón de la planta baja del edificio ubicado en Leopoldo Lugones 1831, de la Capital provincial.
Por su parte, el referente del MPF, comentó que fue “un verdadero privilegio el participar en la conferencia no solo por la materia sobre la que versaba «Estado democrático de derecho y derechos humanos en el siglo XXI», sino también por la calidad del expositor, un juez de la CIDH”, exaltó ante Prensa Legislativa.
Además consideró que “participar en esta conferencia fue una verdadera oportunidad para seguir fortaleciendo conocimientos en materia de derechos humanos y del sistema interamericano de protección de los mismos, para luego, poder volcarlos en la tarea de Legislador”, reconoció Villegas.
En ese sentido, recordó la sanción la Ley que declara servicio esencial al trabajo que efectúan los agentes estatales en comedores escolares. En la norma sancionada en la última sesión del Parlamento, se regula el derecho de huelga a fin de garantizar ese derecho humano elemental a recibir una alimentación diaria a niños y niñas, que le permita un crecimiento físico e intelectual armónico.
Villegas consideró que de ese “modo podrán gozar de otros derechos como es el de aprender – derecho educación – y al derecho a la salud”.
También remarcó la labor que se desarrolla en el Comité de Prevención de la Tortura, (Ley 857), espacio en el que se vela por el respeto humano a la integridad personal, ya sea física, psíquica o moral, de los que se encuentran privados de la libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El órgano está integrado por siete Jueces y Jueza, nacionales de los Estados miembros de la OEA. El Secretario General de la OEA solicita a los Estados partes en la Convención que presenten una lista con los nombres de sus candidatos para Jueces de la Corte.
Cada Estado parte puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización.
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